El Gobierno de Reino Unido está estudiando poner aranceles a las exportaciones de productos agroalimentarios españoles. Por ejemplo, se baraja un 16% en el caso de satsumas, clementinas e híbridos, el 3,2% para las naranjas, cifra que presumiblemente se incrementará hasta llegar al 10% y en torno a un 6% para los limones. Además, se aplicaría un 12,8% en frutos rojos, 32 €/hl en vino o entre 122,6 o 124,5 €/100 kg en aceite de oliva. Estas medidas entrarían en marcha a partir del próximo año 2021.
La Consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Mireia Mollá, ya ha remitido una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la ministra de Industria, Reyes Maroto, instándoles que inician las acciones para evitar el grave daño con que estas medidas impactarán sobre la citricultura valenciana y española.
Estos aranceles pueden implicar la pérdida del mercado británico para los cítricos españoles, como ya ha sucedido con el mercado estadounidense debido a los aranceles impuestos por la Administración de Trump. España exporta al Reino Unido 247.0000 t (9% del total) de las 82.400 t corresponden a naranjas, 126.000 t a mandarinas y 29.400 t a limones.
Doble perjuicio
Perder el mercado de Reino Unido beneficiaría a los competidores directos de la UE, como son Marruecos, Túnez, Sudáfrica y Egipto. Reino Unido ya habría firmado acuerdos preferenciales con Sudáfrica (que resultaría de 0 % en las naranjas e híbridos), con Marruecos ( con 0 % en clementinas) y Turquía ( con 0 % en clementinas) , mientras que lo estaría negociando con Egipto, recuerda Unión de Uniones.
Para la organización, las acciones del Reino Unido dañan las exportaciones españoles doblemente. Por un lado, con la imposición de los aranceles y, por otro, por facilitar las condiciones a países terceros con los que, ya en circunstancias normales, es difícil competir.
Por ello, Unión de Uniones reclama al Gobierno que presione a la UE para que firme un acuerdo comercial preferencial con Reino Unido lo antes posible, y en caso de no ser así, que sea el propio Estado el que lo firme para proteger a los productores estatales frente a la imposición de estos aranceles.
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