Durante los últimos años, la UE ha ido firmando acuerdos comerciales en los que el azúcar ha sido una de las monedas de cambio. El último negociado, el acuerdo UE-Mercosur, que en la prensa generalista aparece como el gran éxito de la Comisión saliente, es nuevo ataque al sector remolachero-azucarero.
Las organizaciones europeas que representan a los remolacheros (CIBE), la industria (CEFS) y los trabajadores de la industria (EFFAT) ha difundido un comunicado de prensa conjunto en el que se quejan de la incoherencia existente entre las políticas agrarias y comerciales dentro de la UE.
El acuerdo supondrá el acceso al mercado comunitario de 190.000 t de azúcar a arancel cero. Se trata de la mayor cifra en el contexto de un acuerdo de libre comercio. Al tratarse de una cuota con arancel cero, casi todo este azúcar entrará en la UE incluso cuando los precios sean bajos, como ocurre actualmente, en el que el sector azucarero de la UE se encuentra inmerso en una tremenda crisis ante la inacción de las autoridades comunitarias, que culpan al propio de sector de la crisis en la que se encuentra.
Como decíamos, lo más probable es que el azúcar del acuerdo con Mercosur llegue en su totalidad, siendo un azúcar que se ha producido sin cumplir las normas medioambientales y laborales que se exigen aquí y utilizando productos fitosanitarios que aquí están prohibidos, pero que a nadie parece importarle.
En la actualidad, un tema que preocupa es la España vacía o vaciada, según se prefiera, y grandes expertos están buscando y debatiendo soluciones a este gran problema, cuando la solución ha estado siempre ahí. Hay que mantener y apoyar las producciones agrarias que llevan asociadas a una industria que está cerca del cultivo, como es el caso de la remolacha.
CIBE, CEFS y EFFAR piden que en el caso de que el acuerdo sea aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, estas concesiones deben aplicarse exigiendo igualdad en cuestiones de medio ambiente, cambio climático y derechos laborales, y aplicarse de manera gradual. La implementación provisional del acuerdo debe ser rechazada, ya que una aplicación inmediata amenaza con daños severos a nuestro sector, algo que el Comisario Hogan ha reconocido por su compromiso de proporcionar hasta mil millones de euros a la agricultura en caso de disturbios en el mercado.
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