El Ministerio para la Transición Ecológica convocará una comisión de seguimiento de la seguridad y gestión de la presa de Yesa, en la que, además del Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), estén representados los Gobiernos de Aragón y Navarra, los ayuntamientos afectados en ambas comunidades, los regantes de Bardenas y las asociaciones de afectados por el recrecimiento.
Para el Ministerio para la Transición Ecológica es una prioridad reabrir el diálogo con todas las instituciones, ayuntamientos y organizaciones sociales implicados en esta obra, que se formalizará con la creación de una comisión que garantice la transparencia en el seguimiento de la misma con la participen de todos los actores afectados.
REFORZAR EL CRITERIO TÉCNICO
A pesar de que los informes técnicos avalan la seguridad de la infraestructura, el Ministerio para la Transición Ecológica se compromete a reforzar el criterio técnico y para ello consultará con expertos solventes todas las medidas a poner en marcha para reforzar la seguridad de la presa.
En esta línea, el Ministerio ha encomendado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos que analice toda la información disponible relativa a la seguridad de las obras de recrecimiento. Este órgano especializado e independiente evaluará la veintena de informes elaborados por las distintas Administraciones, universidades y empresas, y los proyectos de actuación ejecutados o que se van a ejecutar para incrementar la seguridad de la presa, y posteriormente emitir su dictamen.
En cuanto a la utilidad de esta infraestructura en la laminación de avenidas, Yesa ha demostrado ya en varios episodios de fuertes lluvias la capacidad que tiene de paliar los efectos de las avenidas del río Ebro aguas abajo, más si cabe después de las actuaciones de emergencia para la estabilización de laderas realizadas tras los deslizamientos de tierras ocurridos en el año 2013.
ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD DE LAS PRESAS
El Ministerio para la Transición Ecológica tiene previsto actualizar las normas en materia de seguridad de las presas para colocar a España al nivel de países como Estados Unidos o Portugal en esta materia.
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