FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno la aprobación del borrador del Real Decreto relativo al etiquetado del origen de la leche como ingrediente en el etiquetado de la leche y los productos lácteos. Se trata de una normativa que adapta lo dispuesto en un informe de la Comisión Europea y el Reglamento Europeo 1169/2011, donde se incide en la necesidad de indicar la procedencia de la leche para dar una mayor información a los consumidores. Actualmente, sin embargo, se trata de un dato que los productores pueden incluir de forma opcional.
La asociación considera positiva la aprobación de este Real Decreto, ya que indicar mediante el etiquetado el país de procedencia de la leche supone dar mayores herramientas al consumidor, que puede decidirse entre la compra de uno u otro producto con toda la información disponible y teniendo así mayor libertad de decisión.
En este sentido, FACUA discrepa del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que considera que obligar a los productores de la leche a incluir su origen «puede contribuir a compartimentar el mercado por zonas geográficas, restringir la libre circulación de mercancías y afectar a la competencia«, y afirma que es suficiente con dar la opción a aquellos productores que quieran incluirlo.
Para la asociación, la inclusión de la procedencia de la leche es solamente uno más de los distintos factores que puede tener en cuenta un consumidor a la hora de decidirse por un producto u otro, al igual que el precio, el aporte nutricional. A ojos de FACUA, indicar el origen de la leche no debería en ningún caso afectar a la competencia y sin embargo beneficia a los consumidores al aportarles mayor información. Así, la Comisión Europea añade en su informe que «las encuestas de opinión ponen de manifiesto que el origen es un factor importante de la decisión de compra de leche, de productos lácteos y productos cárnicos, pero únicamente por detrás del precio, el sabor y las fechas de consumo preferente o de caducidad«.
Por todo ello, la asociación cree necesario que el Real Decreto entre en vigor con la mayor brevedad posible e insta al Gobierno a que inicie las actuaciones necesarias para tramitar su aprobación.
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