La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, afirmó ayer, en el Pleno del Senado, que el Gobierno lleva actuando desde el comienzo de la sequía para minimizar el impacto de la falta de agua en toda España. Y seguirá haciéndolo, ha subrayado, hasta dónde sea legal y físicamente posible.
En respuesta a la pregunta del grupo socialista sobre el riego de frutales en Almería, la ministra ha recordado que el trasvase Negratín-Almanzora, regulado por una Ley de 1999, permite llevar un máximo de 50hm3 al año de la cuenca de Guadalquivir a las Cuencas Mediterráneas andaluzas, para regar 24.000 hectáreas. Una Ley que también fija como condición para el trasvase, que el volumen de agua en el embalse del Negratín exceda de 210 hm3 y que el volumen embalsado en el Sistema de Regulación General del Guadalquivir supere el 30%.
Esta segunda condición, ha señalado García Tejerina, no se cumple a fecha 1 de noviembre, al encontrarse la cuenca del Guadalquivir en situación de alerta y la Ley, ha apuntado la ministra, prohíbe a la Comisión Técnica del Trasvase autorizar nuevos trasvases hasta que se recupere la situación en la cuenca cedente.
Sin embargo, ha planteado que lo que sí cabe en el marco legal es que los regantes puedan llegar a acuerdos de cesión de derechos con otras comunidades, algo permitido en la normativa y que no es un trasvase, sino una cesión de agua por parte de usuarios que la tienen concedida. A este respecto ha recordado que ya se realizó un primer contrato de este tipo con la comunidad de regantes del Genil-Cabra por un volumen de 3 hm3.
REGADÍO DE BAJO ALMANZORA
En relación con los regantes de Bajo Almanzora, García Tejerina ha explicado que reciben agua de la desaladora de Carboneras, cuya actividad este Gobierno ha incrementado hasta 7 hm3 para finales de este año.
También esperamos, ha señalado la ministra, que los regantes puedan recibir en el futuro agua de la desaladora de Bajo Almanzora. Una desaladora, ha apuntado, que si hubiera sido construida en el margen derecha del Almanzora, donde se había proyectado inicialmente y dónde recomendaban los técnicos, y no en una zona inundable con defensas insuficientes y un coste de 63 millones de euros, es más que posible que hubiera suministrado agua de calidad desde 2012. Una decisión, ha resaltado, que no adoptó este Gobierno.
Hace pocas semanas, ha indicado García Tejerina, se ha considerado la no existencia de prejudicialidad penal en relación con la desaladora, lo que permite plantear un proyecto de reconstrucción.
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