UPA, a través de su secretario de Relaciones Internacionales, José Manuel Roche, ha defendido ante el Comité Económico y Social Europeo, el uso del glifosato, exigiendo que se renueve la autorización para su uso. Desde UPA explican que, “la iniciativa de prohibir el glifosato, que se ha presentado en el CESE, está soportada en la teoría de que el producto es cancerígeno, apoyándose para ello en la clasificación que hizo el IARC (agencia de la OMS, que no la OMS), lo que no es fiel a la verdad” advierten.
UPA ha defendido en Bruselas que “los agricultores europeos deben poder tener acceso a herramientas seguras conforme a las evaluaciones científicas de las agencias y autoridades reguladoras competentes en la UE”. Este es el caso de glifosato, que ha sido evaluado favorablemente por la EFSA y la ECHA, en consistencia con autoridades reguladoras de todo el mundo (EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Japón). Por tanto, “no hay razones científicas, sino intereses ideológicos y políticos, para querer quitar a los agricultores una herramienta que es eficaz y accesible, siendo esencial para la agricultura europea” afirman.
A lo largo del debate, que lleva largo tiempo sobre la mesa de negociaciones, se han planteado diversas preocupaciones acerca de la clasificación del glifosato por el IARC, entidad que está en desacuerdo con todos los demás organismos reguladores del mundo, incluida la ECHA y la EFSA dentro de la UE. La evaluación del IARC se basó, de hecho, “en una ciencia defectuosa e incompleta”. Pero desde UPA recuerdan que, la seguridad de glifosato ha sido de nuevo avalada por la EFSA, concretamente el pasado 7 de septiembre, cuando la EFSA informó que el glifosato “no es un disruptor endocrino”.
Por otra parte, la iniciativa ciudadana para la prohibición del glifosato ha cuestionado el procedimiento de aprobación de fitosanitarios en la UE, afirmando que las autoridades reguladoras europeas no son independientes. Desde UPA recuerdan que la Unión Europea tiene uno de los procesos más estrictos y más sólidos de aprobación regulatoria independientes en el mundo. Por lo tanto, sus conclusiones en relación a la seguridad de glifosato están en línea con las de agencias reguladoras de todo el mundo, y ninguna de ellas ha clasificado glifosato como cancerígeno.
Además, para introducir un fitosanitario en el mercado de la UE, los fabricantes deben demostrar a satisfacción de los reguladores que su producto es seguro para el uso y no plantea un riesgo inaceptable para la salud humana y animal o el medio ambiente. El marco para estas evaluaciones está determinado por las autoridades reguladoras y las normas deben ser estrictamente respetadas para que la prueba sea aceptable. La aplicación de estas normas, de gran solidez, significa que quien financia los estudios es irrelevante; lo que importa es si se han acumulado suficientes pruebas de alta calidad, recolectadas en condiciones fiables para confiar en las conclusiones. En el caso de una sustancia como el glifosato, con un historial tan largo de uso seguro, existen pruebas más que suficientes de múltiples fuentes para que los reguladores aprueben con seguridad el producto para el uso que está previsto – 90.000 páginas de pruebas existentes y 3.300 estudios revisados.
José Manuel Roche ha defendido el uso del glifosato por sus propiedades inocuas, la accesibilidad del mismo y los resultados que ofrece en favor de los agricultores.
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