Asaja Córdoba, con la unión de 28 agricultores afectados y un informe del Grupo de Investigación de Hidrología e Hidráulica Agrícola de la Universidad de Córdoba (UCO), ha conseguido, a través del despacho De la Riva Abogados, que los tribunales den la razón a los damnificados por la riada del año 2010, por lo que hasta el día de hoy le han sido reconocidos casi dos millones de euros por los daños ocasionados en sus propiedades agrarias.
El importe total hasta ahora de las sentencias que reconocen acreditados los daños asciende a 1.375.107,06 euros, y, dado que las sentencias condenan a los intereses legales desde la reclamación administrativa, ascenderían dichos intereses aproximadamente, a fecha 30 de diciembre de 2015, a 217.530 euros, lo cual resultará incrementado, dado que hasta la fecha sólo se ha abonado el principal de uno de los expedientes, encontrándose pendientes de resolución tres asuntos por procedimiento abreviado, por ser inferiores a 30.000 euros , si bien el Juzgado Central de Madrid estima el recurso al considerar competente a la Junta de Andalucía.
En esa fecha, la gestión de la Cuenca del Guadalquivir era competencia de la Agencia Andaluza del Agua, decisión posteriormente revocada por el Tribunal Constitucional.
Por tanto, las sentencias consideran a la Junta de Andalucía como responsable por acciones y omisiones en los días previos a los hechos, afirmando la Audiencia Nacional que existía una ausencia de mantenimiento y que los desembalses que se produjeron en diciembre de 2010 “ponen de manifiesto una mala gestión por parte de la Administración pues ante las previsiones meteorológicas se debió regular el caudal de los embalses, soltando agua de forma paulatina para que (no) se encontraran al límite de su capacidad cuando llegaron las lluvias, como era de esperar en esa época del año y fue previsto por la información meteorológica difundida durante las semanas anteriores”.
Según las sentencias, el 5 de diciembre de 2010, los embalses se encontraban al 83 por ciento de su capacidad, lo que obligó a desembalsar en los días de inundaciones, por lo que los tribunales consideran que la Junta de Andalucía cometió un fallo de seguridad inaceptable en el sistema hídrico de la cuenca del Guadalquivir, unido a la falta de la limpieza de los cauces.
Las resoluciones judiciales se han basado en dos documentos principales como es el informe de la UCO, además de un peritaje realizado a instancia judicial sobre la situación en la que se encontraba el cauce del río Guadalquivir y cómo se actuó.
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