La Vicesecretaria General de Organización y Finanzas de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén, Ana Dolores Rubia, valora la Orden de la Junta de Andalucía por la que se regula la utilización de los efluentes líquidos de las almazaras como fertilizantes agrícolas. El importante trabajo que viene realizando UPA-Jaén desde hace meses para dar respuesta y solución a los numerosos problemas planteados por las cooperativas para los efluentes resultantes de la extracción del aceite de oliva se ha visto recompensado con la publicación de la normativa que da cobertura a esta problemática, ya que permite el uso de dichos efluentes como fertilizantes, lo cual contribuirá a restituir al suelo nutrientes y generará, por otra parte, un considerable ahorro en los insumos agrícolas.
“Es una buena medida para el sector agrario, que no está atravesando sus mejores momentos debido a un considerable incremento de los gastos y unos precios ruinosos en origen para el aceite de oliva virgen extra. Por eso, que la Junta haya dado respuesta, tras un trabajo continuado con la Organización, a una demanda del sector para el uso de estos efluentes líquidos es un paso importante de cara al ahorro de los costes para nuestras cooperativas y agricultores, una muestra más del esfuerzo que realiza el sector en mejorar y modernizar no sólo las instalaciones sino también las condiciones del cultivo para obtener un aceite de excelente calidad, a la vez que contribuye a la mejora del medio ambiente”, corrobora Ana Dolores Rubia.
La Vicesecretaria General de Organización y Finanzas de UPA-Jaén especifica que la Orden permite utilizar los efluentes líquidos de las almazaras y de los centros de compra de aceituna, hasta ahora considerados como residuos, como fertilizantes de suelos agrícolas, puesto que se trata de unos subproductos ricos en nutrientes de potasio y constituidos, fundamentalmente, por aguas de lavado de aceituna. Ana Dolores Rubia destaca que su utilización se llevará a cabo bajo unas condiciones técnicas, entre las que se incluye que la cantidad de efluentes permitida no podrá superar los 50 metros cúbicos por hectárea y año, con aplicaciones que, en todo caso, deberán evitar las escorrentías superficiales.
La normativa proporciona la necesaria cobertura legal para el uso de estos efluentes, determinando tanto el volumen que puede ser aprovechado como las zonas de aplicación y las condiciones para ello, en cumplimiento de la Ley de Aguas de Andalucía. También las Comunidades de Regantes podrán utilizar estos efluentes. En este sentido, Ana Dolores Rubia especifica que se contemplan como áreas de exclusión, aquellas situadas a menos de 500 metros de núcleos urbanos, de 100 metros de los cauces fluviales y de otros 100 metros de las zonas de servidumbre de protección de dominio público hidráulico, salvo que su aplicación se realice mediante fertirrigación.
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