La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha lamenta que la legislación vigente en materia de Competencia no se ajuste a la realidad del momento y provoque desajustes en perjuicio de los agricultores y ganaderos, un sector por el que la Administración debería velar por ser estratégico tanto para el medio rural como para la sociedad y la economía del país.
Mientras las grandes industrias agroalimentarias aumentan sus beneficios, el sector primario se hunde cada vez más por prácticas de competencia desleal. Es el caso del vino, donde las grandes bodegas pactan precios y ofrecen unos números que ni si quiera cubren los costes de producción de la uva, además de exponer tarde las tablillas abusando de su posición dominante y manteniendo a los viticultores en una situación de desasosiego incluso habiendo comenzado la vendimia de forma generalizada.
Del mismo modo ocurre con otros sectores como el del girasol o de la leche, pues se sospecha que existen irregularidades por parte de las industrias, que imponen sus precios en detrimento de la renta de los agricultores. O el caso del azafrán o del champiñón, donde las distribuidoras juegan con el buen nombre de los cultivos castellano-manchegos para ofrecer a los consumidores productos de Terceros Países.
Además, recientemente ASAJA de Castilla-La Mancha ha observado como los principales fabricantes de fertilizantes suben paralelamente los precios de sus productos sin criterios objetivos, lo que hace sospechar también de prácticas anticompetentes en este sector.
Ante este panorama, ASAJA de Castilla-La Mancha exige al Gobierno que tome medidas en el asunto, pues si la normativa vigente oprime a los agricultores y no responde a sus intereses, es porque no se ajusta a la realidad. Y, si la legislación corresponde al ámbito comunitario, España debe forzar su modificación en Bruselas para terminar, de una vez por todas, con los movimientos especulativos y los abusos por parte de las industrias. La normativa en materia de competencia no debe ser un obstáculo para los agricultores, sino una oportunidad.
Así, de cara al futuro, la nueva Ley de Cooperativas debe encaminarse a la consecución de un sistema de comercialización justo, en el que los agricultores, que son los verdaderos dueños de las cooperativas, cuenten con ellas como un instrumento válido para obtener un mayor valor añadido de sus productos.
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