Para el secretario general de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, esta situación supone “un abuso por parte de las empresas cárnicas sobre los ganaderos, que dada su situación de escasos ingresos, no les queda otro remedio que ceder a estas exigencias; es por ello que hay que actuar y poner freno a este tipo de fraudes”.
La Orden ARM/1163/2010 determina que el pago por retirada y destrucción de MER “se aplicará a las operaciones que se realicen en la cadena alimentaria cárnica a partir del momento de sacrificio del animal en matadero (…) momento de inicio de la generación de los subproductos y de la correspondiente repercusión de costes hacia delante a lo largo del resto de la cadena alimentaria”, además, para no dejar lugar a duda alguna este texto legal puntualiza que “queda fuera del ámbito de aplicación de esta Orden la operación por la cual el ganadero entrega el animal a un operador comercial o a una empresa o industria cárnica para su sacrificio “.
Sin embargo, las industrias y empresas cárnicas denunciadas, de forma aparentemente concertada, siguen descontando en sus liquidaciones a los ganaderos, los gastos de eliminación y destrucción de MER, utilizando otros conceptos análogos o similares, lo que, además, se vislumbra como una conducta prohibida por el art. 1.1 y 2.1 y 2.2 a) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
Algunas industrias cárnicas han llegado incluso más lejos, pues en base a una posición dominante de mercado, están obligando a sus proveedores a la firma de un acuerdo de suministro, incluso con fecha anterior a la entrada en vigor de de la Orden ARM/1163/2010, y aún a pesar de que las operaciones comerciales se estén produciendo con posterioridad a dicha fecha, y con la aplicación de un descuento lineal no pactado entre las partes.
A juicio de las organizaciones denunciantes, “estamos ante un evidente abuso de posición dominante, lo que ha animado a estas industrias a anteponer sus intereses a la propia Ley y a los principios más básicos de la libre competencia”.
Desde estas organizaciones animan a los productores de vacuno a que continúen denunciando esta práctica abusiva por parte de las industrias y empresas cárnicas, pues “solo así conseguiremos que de una vez por todas el coste de eliminación de los MER deje de ser repercutido a los ganaderos ya que, como la norma indica expresamente, este es un coste que corresponde a los siguientes eslabones de la cadena”.
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