La legislación europea cuenta con numerosos reglamentos y directivas sobre las etiquetas y los valores nutricionales de los alimentos. La directiva propuesta tiene como objetivo simplificar y actualizar la normativa vigente para que los consumidores reciban una información más clara y precisa y puedan elegir con conocimiento de causa los alimentos que se llevan a sus casas. Además, la simplificación normativa evitará las cargas administrativas innecesarias a las empresas en el sector de la alimentación.
Respecto a esta cuestión, el titular de ASAJA Murcia, Alfonso Gálvez Caravaca, ha considerado “que este norma contribuye dar una información más clara del producto a los consumidores de los productos hortofrutícolas murcianos o españoles o de comidas preparadas que los incluyan entre sus ingredientes”.
Con el fin de que los consumidores puedan comparar distintos alimentos, los diputados proponen que sea obligatorio indicar la cantidad diaria necesaria expresada en valor de 100 g o 100 ml. Por otro lado, el PE sugiere introducir criterios para facilitar la lectura del etiquetado nutricional, como el tamaño de fuente fijo, el tipo de fuente o el contraste entre el texto y el fondo.
En la actualidad, la indicación de origen es obligatoria para algunos productos, como la carne de ternera, las frutas y verduras, la miel y el aceite de oliva. Los diputados proponen ampliar esta obligación a toda la carne, los productos avícolas y otros productos perecederos de un solo ingrediente, así como el pescado y la carne cuando se utilicen como ingredientes en comida procesada. Sin embargo, los diputados piden a la Comisión que presente una evaluación de impacto previa.
Además, es muy favorable el hecho de que “cada comprador sepa exactamente de dónde proviene las frutas y las verduras con las que llena su carro de la compra, ya que los productos murcianos y españoles cuentan con todas las garantías sanitarias y son un ejemplo a nivel internacional en materia de seguridad alimentaria”.
En cualquier caso, no está previsto que los Estados miembros consigan alcanzar un acuerdo en breve, por lo que, en principio, la directiva volvería al Parlamento para su segunda lectura. Una vez aprobada, las empresas alimentarias tendrían tres años para adaptarse a las nuevas normas.
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