Desde que la empresa Cespa se hiciera con el control de las plantas de tratamiento de residuos de la provincia, el servicio ha sido totalmente deficiente. Tras recibir numerosas quejas por parte de los agricultores, COAG Almería ha enviado sendas cartas a los presidentes de los Consorcios de Residuos del Poniente, José Cara, y de Níjar Natura, Antonio Jesús Rodríguez, para que tomen cartas en el asunto, pese a que durante este periodo (ya ha pasado un año desde que se hiciera efectiva la compra de Albaida) los ayuntamientos integrados en ambos consorcios se han desentendido completamente de su control.
Si el servicio, de por sí, ya era deficiente en tiempos de Albaida, tras su venta a Cespa ha bajado aún más enteros, caracterizándose en la actualidad por una total arbitrariedad en sus tarifas y por no ofrecer información alguna al usuario. Cespa cobra a cada agricultor o empresa lo que le viene en gana, sin disponer unas tarifas uniformes para todos los usuarios. En este sentido, desde COAG se ha contactado en varias ocasiones con Cespa para esclarecer este asunto sin haber obtenido aún respuesta.
Esta organización agraria no entiende como los ayuntamientos implicados en la gestión de residuos agrícolas han dejado desamparados a sus agricultores frente a una empresa privada que, sin ninguna cortapisa, está cobrando “lo que quiere” a los usuarios porque ostenta un monopolio en la provincia. “Estamos ante un servicio de importancia capital para el agricultor y exigimos unas tarifas claras y adaptadas a la difícil situación que atraviesa el campo almeriense”, señala el secretario provincial Andrés Góngora.
COAG lleva años pidiendo la mejora de un servicio que, hasta ahora, ha sido muy deficiente. Los agricultores de la provincia quieren que a sus residuos se les proporcione un tratamiento adecuado a un precio razonable. No podemos pretender que la higiene rural en Almería mejore si la gestión de las plantas de tratamiento es tan deficiente. En este sentido, la Consejería de Agricultura debe implicarse también en el tema y velar porque el servicio que los ayuntamientos ofrecen a sus agricultores sea el adecuado. “Existe una guerra de competencias entre consistorios y gobierno autonómico en la que todos echan balones fuera en materia de residuos agrícolas, con lo que dejan abandonados a su suerte a los agricultores”, indica Góngora, quien recuerda que aún está pendiente la ayuda de 300 euros por hectárea prometida por la Junta de Andalucía.
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