Hoy viernes se cumple el quinto aniversario de la puesta en marcha del Plan estatal y autonómico de lucha contra el veneno. WWF España ha analizado el trabajo llevado a cabo por las CCAA, centrándose en las cinco de mayor extensión: Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura, que albergan las principales poblaciones de las especies carroñeras más amenazadas.
La ‘Estrategia Nacional contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural’ se aprobaba en 2004 para erradicar un problema que causa la muerte a especies muy amenazadas como el águila imperial ibérica, el buitre negro, el alimoche, el quebrantahuesos o el milano real. Cinco años más tarde, WWF valora el progreso de cada una de las CCAA basándose en 8 indicadores entre los que se encuentra la dotación de recursos, aplicación de sanciones, formación del personal o sensibilización social.
La primera de la lista, y la única que aprueba el examen, es Andalucía, y lo hace además con buena nota en todos los criterios considerados. Hay que matizar que, si se realiza un análisis más detallado, el trabajo y los resultados resultan desiguales según cada una de las provincias andaluzas.
El ejemplo de Andalucía muestra un modelo eficaz a seguir, no sólo por la existencia de un plan de acción dotado de recursos humanos y materiales, sino también por sus progresos en aspectos tan importantes como la aplicación de la normativa sancionadora. Otros aspectos destacables en Andalucía son los recientes avances en dedicación y formación de los agentes medioambientales, la sensibilización de los grupos de riesgo (cazadores y ganaderos) y la facilidad y transparencia en el acceso a la información.
Un factor novedoso introducido por Andalucía ha sido la creación de patrullas caninas de detección de cebos envenenados que, tan sólo en lo que va de 2009, han realizado unas 400 inspecciones en toda la región. Además, desde 2004 unos 1.300 cotos con riesgo de uso de veneno han recibido charlas y sesiones informativas.
Las demás, como puede verse en la tabla adjunta, se quedan en un insuficiente, obteniendo muchas puntuaciones bajas y muy bajas. Extremadura es la peor calificada, pues ignora la existencia del problema, lo que tiene como consecuencia que no se elaboran planes de actuación, ni se apliquen medidas de vigilancia, prevención y sanción.
En lo que respecta a Castilla-La Mancha, si bien dispone de un Plan Regional y una normativa específica adecuada, ha sufrido una grave parálisis en las actuaciones en los tres últimos años. Aragón también dispone de un Plan, pero no de normativa propia, y está iniciando algunas actuaciones preventivas, aunque todavía no ha aplicado ninguna sanción. Por su parte, Castilla y León carece tanto de Plan como de normativa específica propia, aunque ha realizado algunas actuaciones sancionadoras ejemplarizantes, como la suspensión de la caza por cinco años en varios cotos de la provincia de Segovia, a causa de envenenamientos que afectaron el pasado abril a buitres y milanos reales.
Según WWF, la ejecución de los planes de lucha contra el veneno ha de llevarse a cabo con mayor homogeneidad en todo el territorio y avanzar con más agilidad tanto en la prevención como en las sanciones, ya que se trata de un problema que afecta a todos los rincones del país.
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