Sevilla, 30 de enero de 2009.- Andalucía, con 20 espacios incluidos en la Lista Ramsar que ocupan una superficie de más de 140.000 hectáreas, aporta el 49% de la superficie total española incluida en este catálogo de humedales de importancia internacional. A su vez dichos humedales Ramsar forman parte de la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, la Red Natura 2000, en la que participa nuestra región con 2,7 millones de hectáreas, esto es, más del 30% del territorio andaluz.
Sin duda, estos datos ponen de manifiesto la riqueza del patrimonio natural de Andalucía, en cuyo proceso de conservación han contribuido los agricultores y ganaderos andaluces mediante la realización de una gestión sostenible de los recursos naturales y en el que ASAJA-Sevilla, más recientemente, ha realizado una modesta contribución mediante la puesta en marcha del proyecto europeo LIFE-Humedales Sostenibles. Esta iniciativa desarrollada entre 2004 y 2007, ha merecido el reconocimiento de la Comisión Europea por su “valor incuestionable para la protección de la red de humedales y ecosistemas incluidos en la Red Natura 2000”.
Sin embargo, son aún muchos los problemas sin resolver. De las Marismas de Doñana al conjunto de lagunas continentales que salpican la campiña, Andalucía cuenta con numerosos humedales incluidos en la Red Natura 2000 en los que la actividad agropecuaria es con diferencia la principal y, en la inmensa mayoría de los casos, la única actividad económica.
Menor productividad y mayores gastos
Aunque existen diferencias según el lugar y tipo de espacio en cuanto a la clase de perjuicios generados por la inclusión de una zona húmeda dentro de la Red Natura 2000, hay unanimidad a la hora de considerar que se produce un lucro cesante y una disminución de renta vinculada a las limitaciones impuestas en el entorno de un espacio protegido.
El establecimiento de unos calendarios de cosecha obligatorios para la preservación de determinadas especies, la limitación del uso de fertilizantes, o la modificación de prácticas agronómicas tradicionales, entraña en muchos casos, menor productividad, y mayores riesgos de plagas y enfermedades en los cultivos, peligro de incendios, o un incremento de los costes provocado por la necesidad de utilizar insumos de mayor coste.
Asimismo, la inclusión de un espacio dentro de la red de espacios protegidos implica en la mayoría de los casos un evidente gravamen de las expectativas de desarrollo empresarial para agricultores y ganaderos y una limitación irreversible de las posibilidades de diversificación productiva y de negocio.
Es fácilmente contrastable la desventaja competitiva y la inferior capacidad de adaptación a la demanda y al mercado de aquellas explotaciones situadas en espacios protegidos frentes a aquellas que están fuera de estas áreas.
Burocratización y cargas administrativas
Junto a estas trabas en la organización de los medios productivos, hay que mencionar también la penosa burocratización asociada a la gestión de un espacio protegido que, además de ralentizar cualquier trámite ante la Administración, plantea como regla general un estricto régimen de prohibiciones y autorizaciones administrativas que se traduce en la práctica en una desaceleración de la inversión y de las mejoras de la explotación.
Además, los propietarios situados en espacios protegidos se ven también sometidos a los privilegios de los que goza la Administración en los negocios jurídicos sobre derechos reales que se lleven a cabo dentro de un espacio Red Natura 2000. De este modo, no sólo se restringe la libertad contractual de los particulares y se crea un obstáculo, en muchos casos insalvable, de cara a emprender nuevos proyectos empresariales, sino que se somete a agricultores y ganaderos a la lenta maquinaria de respuesta financiera de la administración pública, con la consiguiente pérdida de liquidez durante un período incierto.
Pese a las reiteradas demandas por parte de ASAJA, sigue sin darse una respuesta al problema de los daños en los cultivos provocados por la fauna asociada a las zonas húmedas. Dichos daños son soportados estoicamente por agricultores y ganaderos, que han de ver cómo este perjuicio no sólo no es objeto de indemnización por parte de la Administración, sino también cómo ésta no hace nada para impedirlos ni para facilitar su control.
Los datos recogidos vienen a confirmar las tesis de ASAJA acerca de la situación de desventaja competitiva en que se encuentran los agricultores y ganaderos que ejercen su actividad en espacios protegidos y el evidente lucro cesante al que tienen que hacer frente.
Confiamos que la celebración de este Día Mundial de los Humedales, contribuya a una reflexión a nivel nacional y autonómico para que los responsables tanto del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino como de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía apuesten definitivamente por sentar las bases para articular mecanismos serios de compensación, que contribuyan a que la carga de la conservación recaiga sobre toda la sociedad y no exclusivamente sobre los agricultores y ganaderos.
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