14 ganaderos, respaldados por la principal organización agraria del Reino Unido (NFU).han presentado una demanda judicial de 1,5 millones de £ por daños y perjuicios contra el Departamento de Asuntos Rurales y los dos laboratorios de Pirbright relacionados con el brote de fiebre aftosa del verano de 2007. Los ganaderos alegan que ambos laboratorios actuaron con negligencia al causar o permitir el escape del virus de la fiebre aftosa de sus instalaciones de Pirbright, que posteriormente infectó a 8 granjas locales y causó estragos en todo el país. Al DEFRA se le acusa de negligencia en la autorización y control de las instalaciones, según publica el Boletín Exterior del MARM.
Según el bufete de abogados que representa a los ganaderos, el DEFRA tenía conocimiento de que el virus estaba introduciéndose en la red de alcantarillado, así como del estado de los desagües y del hecho de que ambos laboratorios querían su renovación. Para la NFU, el objetivo de la demanda es conseguir una compensación para aquellos ganaderos cuya actividad comercial ha sido destruida por el brote de fiebre aftosa, además de hacer pagar a los responsables.
Los abogados defensores opinan que este caso, que probablemente no concluirá antes de tres años, podría en última instancia preparar el terreno a los miles de ganaderos en todo Reino Unido para reclamar daños y perjuicios, cuyo valor total asciende a 100 millones de £. Los demandados han emitido una declaración en la que niegan toda responsabilidad y señalan su determinación de defenderse de las denuncias.
El DEFRA ha renunciado a dar detalles sobre el caso, pero ha negado rotundamente su responsabilidad. Además, ha manifestado haber hecho todo lo posible para ayudar al sector a volver a la normalidad, habiendo pagado la compensación legal por sacrificio de animales en los casos que procedía, si bien ha dejado claro que constituye un
“principio establecido durante mucho tiempo” el que el Gobierno no se haga cargo de los costes de las pérdidas indirectas o derivadas.
Lo que pretende el DEFRA es trasladar la responsabilidad a los dos laboratorios, insistiendo en que los que tienen la licencia, y no quienes la conceden, son en última instancia los responsables de garantizar la seguridad de sus instalaciones. El Consejo de Investigación de la Biotecnología y Ciencias Biológicas, que patrocina a uno de los laboratorios inculpados, el Instituto de Sanidad Animal, ha declarado que se defenderán de la acusación, que consideran “quimérica”.
El otro laboratorio, Merial, cree encontrase en mejor posición para defenderse, puesto que en las investigaciones de este brote llevadas a cabo el año pasado se identificaron varios incumplimientos de las normas de seguridad por parte del Instituto de Sanidad Animal, pero no se consiguió, sin embargo, atribuir ninguno directamente a Merial.
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