5 de diciembre de 2007. ASAJA de Castilla y León ha denunciado que las indemnizaciones compensatorias para zonas de montaña y otras áreas desfavorecidas, que se están pagando estos días, sufrirán por sorpresa esta campaña un drástico recorte que puede alcanzar hasta los mil euros por explotación. El descenso de esta ayuda, una de las que tiene mayor calado social, puesto que va dirigida a los agricultores y ganaderos que desarrollan su trabajo en áreas menos pobladas y accesibles, es un paso más en el desmantelamiento de apoyos básicos al sector agrario promovido desde la Unión Europea, vía recortes presupuestarios en líneas fundamentales como ésta, las jubilaciones anticipadas o los programas agroambientales.

Los discursos políticos a favor del desarrollo agrario y rural quedan sin sentido cuando los fondos europeos caen en picado campaña a campaña, algo que ASAJA criticó en su momento cuando se negoció el nuevo marco de Desarrollo Rural y, particularmente, el sectario reparto aplicado por Comunidades Autónomas, nefasto para Castilla y León. Muchos de los 29.836 agricultores y ganaderos de Castilla y León que reciben las “IC” comprobarán en sus bolsillos lo que entonces se negoció. En números totales, Castilla y León ha pasado de recibir 52,7 millones de euros en 2006 a algo menos de 40 en 2007, es decir, se ha reducido en un solo año un 26 por ciento. Así, aunque cada año el número de preceptores de la ayuda es menor y en teoría tocarían a más dinero, el recorte presupuestario ha obligado a la Consejería de Agricultura (Bocyl de 30 de noviembre) a establecer que el límite máximo por solicitud sea de 1.500 euros, en lugar de los 2.500 que hasta ahora había. De este modo, la media de ayuda por explotación en Castilla y León, que el año pasado se situó en 1.350 euros, ya bastante baja, se verá ahora aún más reducida.

ASAJA espera que la Consejería de Agricultura, tal como ha prometido, modifique en lo posible esta línea de ayuda de cara a la convocatoria de 2008, si bien es cierto que al menos en este caso el problema mayor no son las aportaciones de los gobiernos autonómicos y nacionales, sino el dinero que llega vía Bruselas, fruto de una negociación mal hecha, de la que pagamos y seguiremos pagando las consecuencias.