30 de noviembre de 2007. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), adelantará a los organismos pagadores de las Comunidades Autónomas la cantidad de 3.236 millones de euros, para realizar los pagos correspondientes a las ayudas directas de la PAC, tanto las desacopladas de la producción, el pago único, como las que todavía permanecen vinculadas a la producción, especialmente las ayudas por superficie y las primas por oveja y cabra y por vaca nodriza.
La distribución de esta cantidad se producirá en diciembre, el primer mes del plazo establecido en la normativa comunitaria sobre pagos directos, y supone un incremento del 16 % con respecto al volumen de ayudas directas pagadas hasta la misma fecha de 2006, consiguiendo con ello una mejora en la gestión global de las ayudas de la PAC en todas las Comunidades Autónomas. A esta cifra habría que añadir 34,2 millones de euros pagados durante el mes de noviembre en concepto de anticipo de la prima ovino y caprino.
De esta forma, aproximadamente el 67 % de las ayudas directas llegarán a los agricultores durante el primer mes del plazo de pago, correspondiendo a las ayudas solicitadas por los agricultores a principios de 2007 en el segundo año de aplicación de la Reforma de la PAC de 2003 en España, con la entrada en vigor del régimen de pago único.
Durante los próximos meses, y hasta el 30 de junio, serán objeto de pago el resto de las ayudas directas (principalmente primas al sacrificio de bovinos, los pagos adicionales correspondientes al algodón, tabaco, azúcar, vaca nodriza y carne de vacuno de calidad) que están sujetas a plazos o procedimientos de declaración específicos.
Las ayudas directas de la PAC, están condicionadas al respeto por parte de los agricultores de los requisitos legales establecidos por la normativa comunitaria en materia de medio ambiente, sanidad y bienestar animal, salud pública, así como al respeto de las buenas prácticas agrícolas y medioambientales.
Durante 2006, las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas realizaron más de 13.000 controles sobre el terreno para velar por el cumplimiento de estos requisitos.
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