Madrid, 4 de julio de 2007. Ha sido presentada por la Comisión la propuesta de reglamento de reforma de la OCM vitivinícola. Esta propuesta será debatida a lo largo de los próximos meses con la previsión inicial de que la nueva norma sea vigente a partir de la campaña 2008/2009.
Desde UPA dicha propuesta ha sido valorada de manera muy negativa para las explotaciones vitícolas familiares de nuestro país. De hecho han sido escasos los cambios introducidos respecto a la alternativa favorita de la Comisaria de Agricultura, Mariann Fischer, dentro de las contempladas en la Comunicación de la Comisión presentada en junio del pasado año.
La Comisión ha optado por un acelerado desmantelamiento de la OCM actual, añadiendo planteamientos liberalizadores que tendrán como consecuencia, de aprobarse en los términos propuestos, un fuerte descenso de la renta de los viticultores que a su vez ocasionarán un acelerado abandono de la actividad y un mayor declive de las zonas rurales con una economía y territorio predominantemente vitívinícola.
La Comisión propone la eliminación de la práctica totalidad de medidas de gestión de mercado, entre las cuales se encuentran las destilaciones para alcohol de uso de boca, las destilaciones de crisis, los apoyos al almacenamiento o las ayudas al mosto. Todas estas medidas han sido muy utilizadas por nuestro país, en especial las relativas al alcohol de uso de boca de los cuales España se ha beneficiado para destilar una media de más de 7 millones de hectolitros por año sobre un total europeo de unos 12 millones de hectolitros. La supresión de las ayudas al mosto (con una elaboración alrededor de 5 millones de hectolitros en España) también supondrían un grave perjuicio para un producto con grandes expectativas y potencialidad. La eliminación de estas medidas originaría un fuerte exceso de la oferta lo que redundaría a un mayor hundimiento de precios de la uva.
Por otro lado, UPA rechaza el trasvase de presupuesto hacia medidas de desarrollo rural (de 100 millones de €uros el primer año hasta los 400 en 2015 sobre un presupuesto anual total de 1300 millones de €uros) ya que supondría en definitiva una pérdida de financiación en el seno de la propia OCM con respecto a la situación actual y una dilución final de dichos fondos entre la gran heterogeneidad de medidas en la política de desarrollo rural.
UPA no puede admitir la liberación de los derechos de plantación propuesta a partir de 2013, medida que sí ha sido reivindicada desde siempre por la industria pero que perjudicaría notablemente los intereses de las pequeñas y medianas explotaciones vitícolas, y que con toda seguridad ocasionaría una intensificación e incremento de la producción en detrimento de los precios pagados por la uva. Por otro lado, UPA se posiciona en contra de la pretendida liberalización en el etiquetado de vinos.
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