Madrid, 8 de junio de 2007. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) sigue detectando abusos comerciales en los precios finales aplicados al consumidor de frutas y hortalizas frescas cuando se inicia la campaña de verano, a pesar de las bajas cotizaciones en origen. La organización considera que no hay elementos de mercado que justifiquen la bajada de precios en origen en un año donde la producción de frutas debido a los factores climáticos adversos de los últimos meses van a originar en la mayor parte de los productos cosechas muy cortas que deberían provocar un incremento de los precios que se pagan a los agricultores.
De entre los productos analizados, se desprende que el melocotón se paga al agricultor a 0,55 Euros por kilo pero cuando llega al consumidor su precio se infla hasta 4,49 Euros, lo que representa un incremento del 716%. Esta formación de cotizaciones “insólita” e “injusta” para productores y consumidores también la detectamos en el limón con el 766%, nectarina, con márgenes del 272%; ciruela con un 310% o pera con el 350%. Abusivo, igualmente, es el incremento al consumidor en otros productos frescos como la patata o la acelga. (ver cuadro adjunto).
UPA lamenta que, lejos de solucionarse, la brecha entre los precios que reciben los agricultores de prácticamente toda España y los que pagan los consumidores no deja de aumentar. ¿El motivo? Los márgenes abusivos que se generan en el proceso de distribución comercial —y en esto mayoristas y minoristas comparten responsabilidad—. A juicio de nuestra Organización, el Servicio de Defensa de la Competencia debe actuar de oficio para corregir los abusos de las empresas distribuidoras que provocan la ruina económica del productor y representan un fraude para el consumidor. No es de recibo que intermediarios, las grandes distribuidoras y los especuladores utilicen a los agricultores para su propio enriquecimiento. UPA aboga igualmente por la creación de un frente común con asociaciones de consumidores y otros agentes económicos y sociales del sector para poner coto a estas prácticas injustas que se han convertido en un problema estructural con incalculables costes sociales y económicos para el medio rural español. (Sigue en la página siguiente)
UPA seguirá pidiendo a las Administraciones igualmente, como hasta ahora ha hecho, otras medidas como el doble etiquetado en las frutas y hortalizas que permita conocer al ama de casa cuanto se pagó al agricultor; una Ley de márgenes comerciales; sanciones para los especuladores; medidas que permitan controlar la oferta de fruta y hortaliza y campañas de promoción del consumo, entre otras.
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