Sevilla, 6 de junio de 2007. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, participó ayer en la reunión que se celebró en la Consejería de Agricultura y Pesca para abordar la situación de nuestra comunidad respecto a la lengua azul. Se cumplen casi 3 años desde la detección del primer foco en una explotación de ganado vacuno en Jimena de la Frontera (Cádiz) y la evolución de la enfermedad en nuestro territorio puede considerarse muy satisfactoria.
En opinión de esta organización agraria, la colaboración estrecha entre la administración andaluza y el sector ganadero ha dado muy buenos resultados y este trabajo permite ser optimistas. De los más de cuatrocientos focos aparecidos durante 2004 y 2005 hemos pasado a la ausencia de explotaciones afectadas durante los dos últimos años. Los controles de la administración, la vacunación de toda la cabaña sensible, con vacunas cada vez más evolucionadas, y la labor de los ganaderos y ganaderas en sus explotaciones han sido claves para evitar la permanencia de la enfermedad en Andalucía.
El objetivo último de todas las medidas de control y erradicación que se han puesto en marcha, muchas de las cuales han supuesto un enorme sacrificio para nuestros ganaderos, es el de poder declarar a nuestro territorio como zona libre de la enfermedad y, vista la situación actual, COAG anima a la Consejería de Agricultura para que, en cuanto concluyan las vacunaciones que están en marcha, inicie los trámites para la declaración de Andalucía como zona libre de lengua azul. Es importante que este proceso se inicie lo antes posible, porque la tramitación de esta declaración tiene unos plazos que establece la Organización Internacional de Epizootias (OIE).
Desde su aparición en octubre de 2004, la lengua azul ha supuesto importantes perjuicios a los ganaderos andaluces, principalmente debido a las restricciones a los movimientos pecuarios que se han tenido que imponer para el control de la enfermedad. Sólo durante los dos primeros años, esta organización cifró las pérdidas en más de 45 millones de euros. Esas pérdidas fueron parcialmente paliadas por actuaciones de las administraciones públicas que pusieron en marcha medidas fiscales, incremento de las indemnizaciones para las bajas producidas, ayudas directas a los productores e importantes apoyos económicos a las ADSG para permitir a los ganaderos luchar contra la enfermedad.
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