Una de cada tres explotaciones ‘profesionales’ de Galicia, unas 16.800, gestionadas por Agricultores/las a Título Principal (Atp), disponen de unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional (8.000 euros), lo que revela altas probabilidades de abandono de la actividad en gran parte de los/las profesionales gallegos/as. Habida cuenta de la actual situación del campo y del rural, Unións Agrarias-UPA considera que es precisa la implantación de la figura del contrato social principalmente para las explotaciones de leche, vacuno de carne y vino, con una gran incidencia sobre el territorio. El contrato social sería un instrumento para pagar los beneficios medioambientales y sociales que el mantenimiento de la actividad de las explotaciones agroganaderas le aporta al conjunto de la sociedad, y que actualmente no son remunerados por el mercado.
Unións sugiere que el contrato social, para el que se propone un un pago de 3.000 a 6.000 euros anuales, se suscriba entre la Administración y la explotación por un periodo de 5 años. Una parte base de la aportación se correspondería con un pago por los beneficios medioambientales que genera la explotación, en tanto otras partes complementarias se ligarían a actividades adicionales, como por ejemplo trabajos de prevención de incendios o recuperación de tierras abandonadas.
Unións Agrarias-UPA entiende que, en un plazo de 2 años, se podrían acoger al contrato social unas 15.000 explotaciones, cumpliendo con una serie de requisitos medioambientales (carga ganadera y otros).
El abandono de la actividad agraria tiene como efecto inmediato la desaparición de campos y tierras de cultivo y su sustitución por matorral y monte, sobre todo en el entorno de los núcleos rurales y en las comarcas del interior más afectadas por la despoblación.
La reducción de actividad agroganadera incrementará la vulnerabilidad del medio, pues aumentará la continuidad del combustible forestal, lo que podría llevar la un escenario hasta ahora desconocido en Galicia, el de los grandes incendios forestales de miles de hectáreas, con las consecuencias que ya experimentó la comunidad el verano pasado.
Los efectos de los fuegos, a mayores de la destrucción directa del ecosistema forestal, incluyeron amenazas sobre personas y viviendas, sobre vías de comunicación (como por ejemplo, en los drenajes de la vía del Salnés, obturadas por las tierras arrastradas tras los incendios), sobre las villas, con inundaciones debidas en buena medida a la pérdida de la capacidad de regulación hidrológica del monte o sobre los bancos marisqueros, afectados por la llegada de lodos.
Unións Agrarias advierte de que la pérdida de actividad sobre el territorio supone un coste económico mayor para la sociedad gallega que la puesta en marcha de un plan solidario, con instrumentos como el contrato social, que garantice la viabilidad del mundo agrario, afectado por una seria crisis de precios y de condicionantes estructurales. Toda medida que se adopte para garantizar la continuidad de la actividad agraria tendrá un efecto multiplicador positivo sobre las posibilidades de éxito del desarrollo rural, es decir, de todas las iniciativas que se puedan poner en marcha en el medio rural gallego nos próximos años.
Los contenidos del contrato social propuesto por Unións Agrarias-UPA irían más allá de los criterios previstos para los contratos territoriales de explotación, incluidos en el marco del Plan de Desarrollo Rural (PDR) 2007-2013. Unións Agrarias-UPA ha solicitado reuniones con la Consellería de Economía y con la Consellería de Medio Rural para estudiar posibles vías de financiación para la implantación de contratos sociales.
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