Algún medio de comunicación se ha hecho eco recientemente de interpretaciones individuales sobre el alcance de la normativa comunitaria que regula el etiquetado de los alimentos compuestos. Puesto que dichas interpretaciones personales, sin duda de buena fe, son confusas e inducen a error, resumimos a continuación el alcance cabal de dicha normativa:

1. La normativa de etiquetado de alimentos compuestos es de ámbito comunitario (Directiva 02/2002), siendo la española una mera transposición de la misma.

2. Así, el Real Decreto 1205/2006 publicado recientemente, modificando el anterior R.D. 254/2003, no hace sino hacerse eco de una exigencia del Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas (Tribunal de Luxemburgo) que ordenó a la Comisión en una sentencia reciente modificar parcialmente la Directiva en aspectos que fueron juzgados excesivos y contrarios al derecho comunitario.

3. Es cierto que esta sentencia es fruto de una demanda instada por CESFAC y las asociaciones Europeas de fabricantes de piensos, como lo es también que el Parlamento Europeo está revisando a instancia nuestra otras exigencias de la normativa de etiquetado.

4. La normativa comunitaria vigente de alimentos compuestos exige la declaración individual en la etiqueta de todas y cada una de las materias primas e ingredientes que componen el pienso, con expresión de porcentajes de inclusión en fórmula de todas y cada uno de los componentes (permitiendo sólo una tolerancia técnica del 15%). Esta obligación declarativa en la normativa de alimentación animal, es la más exigente del mundo y mucho más rigurosa que la actual normativa de etiquetado de alimentación humana.

5. Sólo desde la falta de información o el desconocimiento del sector, se puede afirmar que este estado de cosas representa falta de transparencia al ganadero quién en muchísimos casos es también productor de alimentos compuestos. Desde nuestro sector consideramos además que esta obligación de desvelar la propiedad intelectual de las empresas –obligación que no se exige a los productos de alimentación humana- desincentiva el I+D y las inversiones en nuestro sector al no poder ser rentabilizadas por las empresas.