Tras la presentación en nuestra provincia del Código Verde de buenas prácticas elaborado por la Junta de Andalucía, COAG Almería ha reclamado al consejero de Agricultura, Isaías Pérez Saldaña, que se preocupe, además de por la producción, por las empresas de comercialización que incumplen normas básicas como vender por encima de los costes de producción o mantener la cadena de frío desde el invernadero hasta el supermercado.
Todas las medidas recogidas en el decálogo de buenas prácticas del Código Verde ya son aplicadas por la práctica totalidad de los agricultores almerienses. De hecho, algunas de las que se citan, como por ejemplo la prohibición del uso del pulsfog (cañones termonebulizadores), están vigentes desde hace varios años y existen sanciones para los casos en los que se incumpla la Ley.
Salir del invernadero
COAG Almería no rechaza el Código Verde porque son medidas que deben cumplir los agricultores, pero esto no justifica el pobre trabajo que está desarrollando Pérez Saldaña al frente de la Consejería de Agricultura, eludiendo sus competencias en materia de alimentación desde que tomó posesión del cargo. El dinero destinado a esta campaña estaría mejor invertido, a juicio de la organización agraria, en incrementar la vigilancia, por ejemplo, sobre las empresas de comercialización que se sospecha que manipulan producto de terceros países y que, incluso, cambian su procedencia para hacerlo pasar por almeriense. Este tipo de prácticas hacen más daño al sector y a la imagen de nuestros productos que cualquier campaña de desprestigio.
En este sentido, COAG Almería no se explica que el consejero limite las actuaciones de su Área a la producción, cuando sería recomendable que saliese alguna vez de los invernaderos y tomase conciencia de la verdadera situación de un sector que pierde competitividad año tras año por culpa de algunos eslabones de la cadena alimentaria que parecen intocables. La Consejería de Agricultura no puede olvidar que su responsabilidad no termina en las puertas del invernadero, por lo que debería acosar menos a los agricultores, que para eso está ya la Ley, y sí defenderlos ante los abusos de los cada vez más poderosos grupos de distribución, controlar en frontera la entrada indiscriminada de productos procedentes de países terceros y velar porque las frutas y hortalizas se expongan adecuadamente en los lineales de los supermercados.
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