Madrid, 14 de octubre de 2005.- Ante la posibilidad de que alguna industria azucarera no esté presente en la manifestación en defensa del sector convocada por la Mesa Nacional de Azúcar, ASAJA hace un llamamientos a todas las industrias azucareras españolas para que participen de forma inequívoca y con presencia física de los presidentes de las compañías azucareras en la movilización que se celebrará el próximo día 21 de octubre en Madrid.
Con ésta manifestación, la Mesa Nacional del Azúcar quiere expresar su total rechazo a una reforma de la OCM del azúcar basada en planteamientos radicales y desequilibrados, alejados de los principios inspiradores de la PAC, y que no ofrece alternativas de futuro para regiones productoras tradicionales de la UE, como España. Además, la propuesta de reforma va mucho más allá de lo dictaminado incluso por el fallo de la OMC en el panel presentado contra la UE.
En este sentido, la Mesa Nacional exige un cambio de orientación de la reforma que establezca:
• precios dignos y suficientemente remuneradores, que garanticen la continuidad del cultivo y del tejido y entramado social vinculado al mismo (industrial, de servicios, etc.);
• volúmenes de cuota intransferibles y en concordancia con el consumo interno de los Estados Miembros;
• establecimiento de contingentes a la importación como herramienta para garantizar unos precios para los PMA y los ACP en el marco de los Acuerdos “todo menos las armas” y
• una negociación de la reforma después de conocer los resultados de la reunión de la ronda de Doha en Hong Kong, para no ir más allá de lo estrictamente comprometido por la UE en el seno de la OMC.
Por ello, La Mesa Nacional del Azúcar – integrada por todas las organizaciones agrarias, sindicatos, industria azucarera y auxiliar y consumidores- exige a la UE que retire la actual propuesta de la Comisión, dado que es nefasta para los productores, sectores afectados y para los ciudadanos de la Unión, al tiempo que reclama al Gobierno español que se implique al máximo nivel en el rechazo firme de la propuesta de reforma planteada por la UE, defendiendo como cuestión de Estado los intereses de todos los afectados.
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