Valencia, 1 de abril de 2005. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) exige a la UE y a la Administración española que ponga en práctica las propuestas realizadas por el Consejo Económico y Social (CES) en su “Informe sobre análisis y perspectivas del sector primario en la Unión Europea”, aprobado el pasado miércoles, en el que se recomienda, entre otras medidas, aumentar el control sobre el mercado agroalimentario para acabar con la venta a pérdidas y el dumping social.
Así, el informe reconoce como uno de los principales retos de la agricultura el oligopolio de la distribución de los productos agroalimentarios y la progresiva liberalización del comercio internacional, por lo que recomienda fomentar la concentración de los agricultores, reformar el Observatorio de Precios de los Alimentos para que sea efectivo y controlar los casos de dumping social, “medidas reclamadas históricamente por AVA pero que han sido ignoradas o, sencillamente, no asumidas con la suficiente voluntad política”, según declaró el presidente de AVA, Cristóbal Aguado.
“La situación de indefensión del agricultor es tal que ahora mismo somos el único sector donde los precios no los marca el productor, sino que vienen impuestos con toda impunidad desde el último escalón de la cadena comercial”, criticó Aguado, quien añadió que “resulta intolerable que se hinchen los precios hasta diez veces más de lo que se paga en el campo, o que se realicen otras muchas prácticas abusivas, sin que haya ningún tipo de control por parte de las Administraciones europea o nacional”.
De hecho, el informe del CES propone también la creación de una comisión que investigue las prácticas comerciales en la cadena agroalimentaria y en particular problemas como la venta a pérdidas o el retraso en los plazos de pago, “un problema desgraciadamente frecuente en el sector y que desde AVA hemos denunciado sistemáticamente”, puntualizó Aguado, quien recordó la presentación de una queja formal ante el Parlamento Europeo, el pasado mes de diciembre, sobre las prácticas abusivas de Aldi y Lidl respecto a los cítricos.
En cuanto al problema del dumping social, el CES recomienda que se compruebe rigurosamente que las importaciones de productos agrícolas cumplan los requisitos medioambientales, de calidad y de seguridad alimentaria que la UE exige a los agricultores comunitarios, medida que Aguado considera “indispensable para evitar la competencia desleal de los países terceros y acabar con la política de doble rasero a la que Bruselas nos discrimina”.
Además, respecto a la Red Natura 2000, el documento recoge la necesidad de que este mecanismo de protección de parajes naturales disfrute de un instrumento financiero independiente, en lugar de depender de la Política Agraria Común (PAC), como hasta ahora, lo que “no sólo aliviaría a la PAC de gastos que no le corresponden, sino que dotaría a la Red de más medios para compensar a los agricultores afectados, sobre todo teniendo en cuenta que España protegerá nada más y nada menos que 16 millones de hectáreas, un 30% de su territorio, lo que supone casi la mitad de lo que se protegerá en total en la UE”, apuntó Aguado.
“Esperamos que ahora, con el respaldo del CES, las reivindicaciones del sector agrario tengan la suficiente fuerza como para que las Administraciones europea y española se sientan responsables y cambien su actitud apática y poco comprometida con el campo”, declaró Aguado.
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