UPA exige a Sanidad y Agricultura que eliminen el cobro a los ganaderos del impuesto revolucionario del certificado veterinario

20.enero.05. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), lleva exigiendo al Ministerio de Agricultura y al de Sanidad la suspensión del certificado veterinario que es obligatorio para el sacrificio de bovinos, ovinos y caprinos, desde su implantación en enero de 2001. UPA considera que durante los 4 años de vigencia se ha demostrado que el certificado resulta totalmente ineficaz en su objetivo puesto que no aporta ninguna garantía adicional en el control de la enfermedad de las vacas locas (EEB) o en materia de seguridad alimentaria y por lo tanto es inútil que se mantenga.

UPA recuerda también que la supresión de este certificado era una de las prioridades de la actual Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, que se comprometió a su eliminación a finales del pasado año, y transcurrido ese plazo parece que no tiene visos de cumplir su compromiso. UPA considera que si existe alguna imposibilidad legal de llevar a cabo esta retirada se debería poner en marcha un sistema público que asuma este coste y que evite la estafa a la que están sometidos los ganaderos al tener que pagar por dicho certificado entre 9 y 24 €uros.

UPA considera que actualmente no existe ninguna justificación ni técnica ni científica que avale la permanencia del certificado veterinario y que sólo por razones de índole política se puso en marcha para intentar responsabilizar y culpabilizar a los ganaderos a raíz del estallido de la crisis de las vacas locas. El certificado veterinario no aporta nada en materia de seguridad alimentaria, entre otros motivos porque mayoritariamente los certificados se hacen por los veterinarios sin ni siquiera ver a los animales y si lo que se pretende por parte de las Administraciones Públicas es tener un control sobre la carne, es mejor que éste se realice in situ en los mataderos y no a través de un simple documento que se formaliza sin ver al animal, ya que tiene enormes costes para los ganaderos e incluso para las administraciones públicas y los únicos que obtienen pingues beneficios son los veterinarios y su colegios profesionales.

Para UPA otro argumento para la supresión es el agravio comparativo que existe con nuestros países vecinos Francia y Portugal o con el resto de la Unión Europea donde nunca ha entrado en vigor el certificado veterinario y los animales que se sacrifican importados de esos países no necesitan este requisito legal.