7 de octubre de 2004. El Gobierno de la nación ha presentado a las organizaciones agrarias un borrador de anteproyecto de Ley por la que se derogaría la Ley 23/1986 que establece las bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias. De esta forma, y dado que las leyes autonómicas en esta materia son un desarrollo de la normativa nacional, las Cámaras Agrarias de Castilla y León se quedarían sin marco jurídico, y no se podrían volver a convocar elecciones a sus órganos de gobierno, por lo que tampoco existiría un mecanismo democrático para medir la representatividad del sector como se ha hecho hasta ahora.
El texto del Gobierno establece una disposición transitoria por la que se determina que mientras no sea regulado un nuevo sistema, se tendrá en cuenta los resultados de las últimas elecciones celebradas a Cámaras Agrarias, que en el caso de Castilla y León fueron en mayo de 2002.
La prisa del Gobierno por disolver las Cámaras Agrarias contrasta con el escaso interés en regular un nuevo sistema que mida la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias, al cual no se le ha puesto fecha. Tampoco establece el Gobierno qué va a ser del patrimonio de las Cámaras Agrarias provinciales, ni se ocupa del futuro de los empleados de las mismas que no son funcionarios públicos.
ASAJA tan solo coincide con el Gobierno en la necesidad de determinar un proceso para medir la representatividad del sector que se aplique por igual en todo el territorio nacional. ASAJA exige que cualquier fórmula de futuro se base en principios democráticos, tenga en cuenta a los agricultores profesionales, y dote de reconocimiento público e institucional el papel de las organizaciones profesionales agrarias como representantes legítimas de los intereses del sector. Por otra parte, ASAJA considera que antes de destruir lo que hay, que hasta ahora ha ido funcionando, se debe de elaborar la nueva norma, pues la situación contraria que pretende el Gobierno sólo se entiende desde la mente de quien pueda pensar que el proceso actual le perjudica políticamente.
Si el Gobierno actual deroga la Ley de Cámaras, y no coincide en el tiempo con otra normativa que la sustituya, ASAJA pedirá a la Junta que elabore una Ley propia que sirva para medir la representatividad cuando toca, en primavera de 2007, y que garantice que el patrimonio de las Cámaras provinciales siga quedando en manos del sector para fines de interés general agrario.
ASAJA considera que si el PSOE no presenta una alternativa democrática a esta derogación, más que un golpe de efecto estaría dando un mazazo golpista a las estructuras representativas del sector agrario.
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