La ministra de medio ambiente de Francia, Roselyne Bachelot, presentó el pasado martes las orientaciones de reforma de la política del agua, que incluyen un polémico impuesto al nitrógeno que iría a cada saco de abono nitrogenado o de piensos para alimentación animal.
Este impuesto que iría destinado a financiar las agencias de protección de las aguas debería ser del 2,5% para el abono y del 0,6% para los piensos para recaudar los 60 millones de euros previstos. Los agricultores y ganaderos que pudieran demostrar, mediante certificación independiente, determinadas prácticas que favorezcan la calidad de las aguas tendrían reducciones o exenciones de estos impuestos.
Por su parte las organizaciones agrarias FNSEA y CNJA, así como las organizaciones de cooperativas han enviado una carta a la ministra e la que expresan su preocupación por el contexto en el que la futura ley del agua se vaya a aplicar en el mundo agrario, recordando la ecocondiconalidad de la nueva PAC, la competencia internacional y una contribución de los agricultores a las agencias del agua que sea soportable.
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