El Consejo de Ministros de Agricultura discutirá hoy la propuesta de reglamento que la Comisión presentó en febrero pasado, para reforzar los controles oficiales en la alimentación humana y animal. Esta tiene que ser adoptada por codecisión del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo y vendría a reemplazar a tres directivas existentes sobre controles e inspecciones oficiales.
La propuesta busca introducir criterios armonizados de aplicación de los controles en los Estados Miembro. Los países tendrían que contar con planes nacionales de control con criterios específicos en cuanto a personal, formación y procedimientos de control.
Además, se quiere reforzar la verificación del cumplimiento en los niveles de producción, transformación y distribución. Para ello, se introducirían sanciones penales cuando se produjeran faltas graves intencionadas o por negligencia. La propuesta incluye una lista de faltas y por ejemplo, la puesta en el mercado de materiales Especificados de riesgo se clasificaría como delito criminal.
Asimismo, cuando la Comisión tuviera pruebas de que los sistemas de control de un Estado miembro son inadecuados, la autoridad comunitaria podría tomar medidas, por propia iniciativa o en cooperación con los Estados a través del Comité Permanente. Dichas medidas podrían llegar hasta suspender la puesta en el mercado de los productos alimentarios. La Comisión realizaría auditorias a través de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO) tanto en los Estados miembro como en terceros países.
La propuesta también establece un régimen común de controles en alimentos importados basados en la frecuencia del muestreo según el riesgo del producto. Así, por ejemplo, las aflatoxinas en nueces tendría una frecuencia de muestreo más estricta que en otro producto de menor riesgo.
Se permitiría que los Estados miembro pudieran delegar ciertas tareas de control en organismos no gubernamentales como laboratorios autorizados. Actualmente, solo existen criterios para análisis y acreditación de laboratorios oficiales para alimentación humana y animal. La propuesta extendería éstos al sector veterinario.
Dado que la propuesta incluye actuaciones que requerirían apoyo financiero por parte de la UE, se prevé que el presupuesto actual de 3 millones de euros anuales destinados a los controles de seguridad alimentaria se incrementara a 16 millones de euros anuales, aproximadamente.
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