El pasado 4 de agosto se recibía en UPA, por sorpresa y sin ningún proceso de consulta previo, el Anteproyecto de Ley Básica de la Agricultura y el Desarrollo Rural elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El proyecto de cambio legislativo más importante de la última década pretende sustanciarse con las organizaciones agrarias durante el mes de agosto y con el requisito puramente administrativo de cumplir la consulta que obliga la ley de Procedimiento Administrativo.
El anteproyecto contiene 73 artículos, 4 disposiciones adicionales, 1 disposición derogatoria y 3 disposiciones finales. Contempla materias que poco o nada tienen que ver con el desarrollo agrario o rural, sino con el modelo de relaciones institucionales entre Comunidades Autónomas y MAPA, y entre éste y las Organizaciones Agrarias. A tal efecto, propone modificar la actual Conferencia Sectorial con los Consejeros de Agricultura de las CCAAs dando más poder al MAPA en un terreno que roza, a primera vista, la constitucionalidad de la norma.
Además cambia la Ley de Bases de Cámaras Agrarias estableciendo un nuevo mecanismo de representatividad sindical mediante la convocatoria de elecciones generales en el campo, modelo éste inédito en toda Europa.
Modifica, además disposiciones muy importantes sobre concesión de ayudas agrarias, transmisión intervivos, explotaciones societarias y preferencia de ayudas para sociedades agrarias. Apuesta decididamente por las Sociedades Limitadas (Sociedad limitada nueva Empresa Agraria) frente a la tipología de explotación familiar predominante en el agro español.
En fin, deroga la Ley 34/1979, de 16 de noviembre, sobre Fincas Manifiestamente Mejorables, considerada como la ley de la transición democrática en materia de propiedad y uso de la tierra rústica.
Por todo ello, el Secretario General de UPA ha remitido hoy una carta al Ministro de Agricultura, Arias Cañete, para que amplíe el plazo, que finaliza el 28 de agosto, y abra inmediatamente un proceso institucional de consultas que permita analizar serenamente las consecuencias graves que puede tener la aplicación unilateral de este cambio legislativo.
A su vez, Fernando Moraleda expresa su preocupación por la deriva que está adoptando el Ministro de Agricultura imponiendo la ruptura de relaciones institucionales con los sindicatos agrarios.
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