La norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2026/27, que el Ministerio de Agricultura tiene pendiente de publicar, ha dividido al sector. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de España le han pedido por carta que la active con urgencia. ANIERAC y ASOLIVA, en cambio, se oponen a la retirada obligatoria que plantea el departamento, porque la consideran una medida contraproducente.
La norma desarrolla el artículo 167 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 y, según recuerdan las organizaciones agrarias, cuenta con el aval de la Dirección General de la Competencia de la Unión Europea. Las cuatro entidades piden que se publique una vez conocidos los aforos de cosecha y las existencias de final de campaña, a partir del avance de las declaraciones de los operadores de septiembre, junto con la orden ministerial y la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios que fije el porcentaje de almacenamiento obligatorio para las almazaras.
Por debajo de los costes
Las organizaciones agrarias consideran que el mecanismo de regulación de la oferta es una herramienta fundamental para estabilizar el mercado, evitar un mayor desplome de los precios y proteger la rentabilidad de miles de explotaciones olivareras. Alertan de que las cotizaciones llevan semanas a la baja: el virgen extra se sitúa en torno a los 3,30 €/kg y el lampante ha descendido hasta los 2,90 €/kg. Según las cuatro entidades, esos precios están por debajo de los costes de producción de la mayoría de las explotaciones de olivar, tras el aumento de los costes de insumos, mano de obra y carburantes durante el último año. Consideran inadmisible que los agricultores tengan que vender por debajo de sus costes.
Subrayan además que la producción de octubre pesa cada año más en el mercado y advierten de que, mientras no se publique la normativa, los operadores que produzcan y comercialicen todo su aceite antes de su entrada en vigor podrían quedar al margen de la obligación de almacenamiento, con la desigualdad que eso supondría. Recuerdan que la propuesta de orden ya contempla ajustar las cantidades almacenadas a lo largo de la campaña: con los datos definitivos de producción y existencias, el porcentaje inicial podría revisarse a la baja y liberarse parte del aceite retenido.
El remedio y la enfermedad
ANIERAC y ASOLIVA comparten con el Ministerio el objetivo de preservar la rentabilidad de toda la cadena de valor, pero sostienen que la retirada obligatoria no está suficientemente justificada y es desproporcionada. Se apoyan en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que, según las asociaciones, respalda sus argumentos. El organismo advierte de que la retirada de producto es una «restricción de la oferta susceptible de generar efectos muy negativos sobre la competencia», con posibles subidas de precios, menos incentivos para mejorar la calidad y la variedad, y un mayor riesgo de coordinación entre operadores, en perjuicio, a medio y largo plazo, de consumidores y de otros eslabones de la cadena.
Critican también que la activación se apoye esencialmente en variables de oferta, sin incorporar de forma suficiente la demanda, el comercio exterior, los precios o la presión competitiva de otros países productores. «Intervenir un mercado no es apretar un botón: si el diagnóstico es incompleto, el remedio puede ser peor que la enfermedad. Una cosecha alta no es sinónimo de sobreoferta: hay que mirar consumo, exportación, existencias y precios», ha señalado Primitivo Fernández, director de ANIERAC.
Las dos organizaciones recuerdan que el aceite inmovilizado no desaparece del mercado y que la medida conlleva costes financieros, logísticos (por el almacenamiento o los seguros) y de conservación extraordinarios, mientras se mantienen intactas las obligaciones de pago de la Ley de la Cadena Alimentaria. Advierten asimismo de un riesgo para la competitividad exterior. «Si la retirada reduce nuestra disponibilidad o competitividad en los mercados internacionales, otros países pueden ocupar ese espacio, y recuperar después clientes y posiciones comerciales puede resultar muy difícil», ha afirmado Rafael Pico, director de ASOLIVA.
A su juicio, el almacenamiento prolongado compromete además la calidad y el valor del aceite, cuyos atributos pueden bajar de categoría con el tiempo y las condiciones de conservación, y la inmovilización impide elegir el mejor momento para comercializar cada lote. Cuestionan igualmente el cálculo de los umbrales de activación y la inclusión en el baremo de campañas excepcionalmente bajas, que pueden distorsionar la media.
Frente a la retirada, ANIERAC y ASOLIVA proponen una estrategia sectorial a largo plazo que contemple de forma conjunta producción, existencias, consumo, exportaciones, importaciones, precios y evolución de los competidores, con medidas para ampliar la base de consumidores, reforzar la presencia internacional y consolidar el aceite como producto saludable, versátil y de alto valor añadido. Ambas reiteran su disposición al diálogo con el Ministerio.
Deja un comentario