El veto a la importación de carne de vacuno y ave procedentes de Brasil entró en vigor el pasado 3 de septiembre, ante la incapacidad de las autoridades brasileñas de garantizar que sus exportaciones cumplen la prohibición europea de usar antimicrobianos como promotores de crecimiento, así como antimicrobianos reservados para el tratamiento de determinadas infecciones humanas. COAG ha calificado la medida de «acto de justicia tardío pero insuficiente».
«A los ganaderos y ganaderas de la UE se nos persigue con un celo burocrático inflexible mientras que a las multinacionales importadoras se les permite operar durante meses, a sabiendas de la incapacidad de garantizar el cumplimiento de la normativa europea de sus proveedores brasileños», ha apuntado Joaquín Gargallo, responsable de vacuno de carne de la organización.
Para COAG, la suspensión de Brasil del listado de países autorizados confirma las denuncias del sector: el mercado europeo ha estado expuesto a partidas que no garantizaban el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria exigida a los productores comunitarios, por fallos de trazabilidad recogidos en la auditoría que la Comisión Europea publicó en febrero. A ello se sumarían, según una investigación de la organización irlandesa IFA, diferencias en bienestar animal y medio ambiente entre el modelo de cría y engorde brasileño y el europeo.
La organización denuncia la desproporcionada asimetría en la aplicación de los controles: mientras cualquier ganadería española o europea debe responder de inmediato a cualquier requerimiento en materia de trazabilidad, sanidad y bienestar animal, Bruselas ha retrasado meses la aplicación de la misma normativa al contingente de Mercosur. Por ello, COAG exige que el bloqueo y la inspección sanitaria no se limiten a Brasil, sino que se extiendan sin excepciones a todo el contingente y a los demás países del bloque —Argentina, Uruguay y Paraguay—, con controles reales y efectivos sobre cada partida importada, no solo documentales.
La organización recuerda que ya exigió al Ministerio de Agricultura, en julio, la activación inmediata de las cláusulas de salvaguardia contempladas en el reglamento de ejecución del acuerdo. Según COAG, las importaciones de carne en condiciones arancelarias preferenciales han hundido las cotizaciones en las principales lonjas españolas, trasladando la presión económica a las explotaciones familiares de vacuno de carne. Los resultados de la auditoría comunitaria confirman, a su juicio, que la competencia desleal de la carne brasileña se basaba no solo en dumping económico, sino también en dumping normativo.
Sin cláusulas espejo no hay acuerdo
COAG reitera su rechazo al modelo de acuerdos de libre comercio como el alcanzado entre la UE y Mercosur mientras no existan reglas claras y transparencia absoluta. La organización considera irresponsable abrir el mercado comunitario a competidores de terceros países sin la previa consolidación de cláusulas espejo reales, exigibles y vinculantes, que impongan los mismos estándares ambientales, sociales, de bienestar animal y de prohibición de biocidas y hormonas vigentes en la UE. Reclama reglas de juego claras y reciprocidad absoluta: lo que no se puede usar ni producir en Europa, sostiene, no debería entrar bajo ninguna etiqueta ni resquicio legal. Para COAG, no se puede utilizar a la ganadería y la agricultura europeas como moneda de cambio en acuerdos comerciales opacos que favorezcan a otros sectores industriales.
La organización denuncia además que el acuerdo carece de legitimidad y respaldo democrático en el Parlamento Europeo, al haberse impuesto, a su juicio, de espaldas a los representantes de la ciudadanía y a los propios productores. A ello suma que el periodo transitorio ha sido aprovechado por los grandes operadores e importadores para acelerar la entrada de carne en el mercado europeo antes de la entrada en vigor de los controles más estrictos, un comportamiento que, según COAG, ha distorsionado gravemente las lonjas y evidencia la urgencia de paralizar un tratado que considera lesivo para la soberanía alimentaria de la Unión Europea.
«No nos podemos permitir la pérdida de ninguna ganadería en nuestro territorio por la competencia desleal», ha apostillado Gargallo.
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