El pasado junio, el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, avanzó que Brasil no podría exportar carne y productos de origen animal a la UE a partir del 3 de septiembre si no presentaba garantías suficientes sobre el control del uso de antimicrobianos en la ganadería. En este contexto, con la suspensión a punto de hacerse efectiva mañana, 3 de septiembre, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado con dureza a la Comisión Europea por haber impulsado la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur mientras persistían dudas sobre las garantías de cumplimiento por parte de Brasil de estas normas europeas.
La OPA considera especialmente grave que esta situación se produzca apenas unos meses después del inicio de la aplicación provisional del acuerdo, y vuelve a poner sobre la mesa las dudas que ya había trasladado respecto a la reciprocidad y a las condiciones de competencia entre las producciones europeas y las procedentes de terceros países. Según Unión de Uniones, las sospechas sobre el cumplimiento por parte de Brasil de las normas comunitarias no son nuevas, y resulta especialmente preocupante que la aplicación provisional del acuerdo se pusiera en marcha el 1 de mayo mientras seguían pendientes cuestiones relevantes relacionadas con estas garantías. La propia Comisión reconoce ahora que Brasil no ha proporcionado garantías suficientes y mantiene abierta una auditoría en el país, mientras que para determinados productos todavía no se han aportado las garantías necesarias.
La organización agraria se pregunta quién asumirá la responsabilidad por los eventuales perjuicios para la salud que hayan podido ocasionarse hasta ahora si se confirma que estos productos no cumplían las normas europeas, y sostiene que lo que hoy está sobre la mesa ya se intuía antes del 1 de mayo, pese a lo cual se optó por seguir adelante con la aplicación provisional del acuerdo.
Unión de Uniones recuerda que ya había alertado públicamente de la gravedad de esta situación antes de la entrada en aplicación provisional del acuerdo, y que había reclamado no avanzar sin contar previamente con garantías suficientes ni con mecanismos eficaces que aseguraran una reciprocidad real. Para la OPA, el episodio pone de manifiesto una cuestión de fondo: no puede exigirse a los agricultores y ganaderos europeos el cumplimiento de determinadas normas sanitarias, medioambientales, de bienestar animal o de producción, y al mismo tiempo permitir la entrada de productos procedentes de países que no ofrecen garantías equivalentes.
La organización agraria señala además que el procedimiento institucional del acuerdo sigue generando controversia, recordando que el Parlamento Europeo ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre su compatibilidad con los Tratados. Unión de Uniones insiste en que nunca ha entendido las prisas por poner en marcha el acuerdo UE-Mercosur cuando todavía existían dudas importantes y el propio proceso institucional no estaba completamente cerrado.
La OPA apunta asimismo que los efectos del acuerdo ya se estarían trasladando al mercado de vacuno de carne, con caídas de entre el 10% y el 13% respecto a los niveles previos a la entrada en vigor provisional en determinadas lonjas estatales, en un contexto en el que algunos operadores de los eslabones superiores de la cadena estarían utilizando la nueva situación comercial como argumento de presión para reducir los precios percibidos por los productores.
Unión de Uniones reclama por ello que la Comisión realice un seguimiento exhaustivo de los efectos del acuerdo sobre los mercados agrarios europeos y que los mecanismos de salvaguardia se activen con rapidez cuando exista riesgo de perjuicio para los productores. La organización agraria viajará a Bruselas la próxima semana con una agenda de reuniones en la que abordará estas cuestiones y trasladará a las instituciones europeas la importancia de contar con estudios de impacto previos, mecanismos efectivos de seguimiento y garantías reales de reciprocidad.
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