Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha reclamado una apuesta firme por un capping efectivo y una degresividad ajustada al apoyo de los profesionales, tras analizar un informe de investigación del Parlamento Europeo sobre los límites máximos de los pagos directos. Según la organización, los datos disponibles para España revelan que los agricultores y ganaderos profesionales apenas alcanzan de media el Salario Mínimo Interprofesional, lo que evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de apoyo a la renta en la PAC.
La entidad recuerda que en el ejercicio fiscal de 2023 hubo 150.000 declarantes cuya actividad agraria suponía más del 50 % de sus ingresos, y que en ellos el rendimiento neto medio fue de 14.087,37 €. Ese mismo año, la renta de referencia fijada por el Ministerio de Agricultura para los salarios brutos no agrarios en España se situó en 32.570,47 €. Para la organización, esta diferencia debe ser el eje angular de cualquier análisis y proyección sobre el futuro de la PAC, especialmente si se quiere apostar por el relevo generacional y por unos mecanismos de apoyo centrados en quien realmente los necesita.
La organización agraria sostiene que las ayudas a la renta deben diseñarse para cumplir el objetivo primordial de la PAC recogido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola mediante el aumento de la renta individual de quienes trabajan en la agricultura. En este sentido, considera que dichas ayudas deben concentrarse en quien más depende de la actividad agraria, evitando que las explotaciones más viables y con menor necesidad absorban el grueso del presupuesto.
¿Quién se queda con la mayor parte del presupuesto?
Según datos de un informe del Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión Europea podría afectar en torno al 4 % de los perceptores de la PAC a nivel comunitario. En España, los datos del FEGA para 2024 muestran que, en la ayuda básica a la renta, el 1 % de los beneficiarios concentró el 15 % del presupuesto destinado a esta línea de ayuda. Además, los 534 beneficiarios que superaron los 100.000 € de pagos —el umbral de capping planteado por la Comisión—, un 0,09 % del total, acumularon el 3 % del presupuesto, si bien de esta cifra habría que descontar a las entidades asociativas.
Unión de Uniones considera el capping y la degresividad herramientas esenciales que deben reforzarse en la próxima PAC, aunque no comparte por completo la propuesta de la Comisión: a su juicio, fijar la degresividad a partir de 20.000 € de ayuda a la renta afectaría directamente a los profesionales que deberían priorizarse, por lo que reclama elevar ese umbral.
La organización va más allá del capping y la degresividad, y defiende que España configure, tal y como permitiría la propuesta comunitaria, ayudas a la renta parcialmente desligadas de la superficie, dirigidas a jóvenes y profesionales. «Con unas ayudas basadas puramente en la superficie, solo se ha conseguido favorecer a los más grandes y agravar el problema del acceso a la tierra y no se ha atajado la necesidad de apoyar suficientemente a quienes más dependen de la actividad agropecuaria», ha señalado la entidad.
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