La organización agraria renueva su ejecutiva federal y aprueba la creación de un nuevo Consejo Territorial para coordinar las políticas de incorporación de jóvenes al campo.

El viticultor catalán Genís Espinós Alcoverro, procedente de la comarca de la Terra Alta, ha sido elegido nuevo presidente de UPA Joven durante la asamblea general extraordinaria celebrada por la entidad. El nuevo responsable asume el cargo con una advertencia sobre la situación demográfica del sector: «Sin jóvenes agricultores y ganaderos no hay futuro para la cadena agroalimentaria ni para nuestros pueblos».
La nueva junta directiva cuenta con representación de diversas comunidades autónomas. Acompañarán a Espinós en esta etapa la andaluza Lourdes Perona como vicepresidenta y la extremeña María Eugenia Burdalo en la secretaría, junto a un equipo de seis vocales procedentes de Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura y la Comunidad Valenciana.
Un Consejo Territorial para cohesionar regiones
Además de la renovación de cargos, la organización ha modificado sus estatutos para incorporar una nueva figura orgánica. Se trata del Consejo Territorial, un órgano que nace con el propósito de agilizar la coordinación y la comunicación entre la dirección federal y las diferentes estructuras autonómicas. En su arranque, esta mesa estará compuesta por once representantes regionales.
En el ámbito estratégico, la asociación ha diseñado una hoja de ruta centrada en promover políticas públicas que faciliten y agilicen la instalación de nuevos profesionales agrarios. Según informaron desde la agrupación, las prioridades del mandato incluyen el impulso a la digitalización, la adopción de prácticas más sostenibles y el desarrollo de planes de formación continua para mejorar la competitividad de las explotaciones.
Finalmente, el plan de acción subraya la necesidad de consolidar la presencia de la juventud rural en los espacios de interlocución institucional, visibilizando sus demandas en las mesas de negociación para tratar de garantizar unas condiciones justas que aseguren la viabilidad económica de la producción de alimentos.




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