ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG de Castilla y León han remitido una carta conjunta al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para reclamar que el traspaso de competencias ambientales a la nueva Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental sea suficientemente amplio para resolver los problemas que afectan a las explotaciones agropecuarias de la región.

Las tres organizaciones agrarias han analizado el Decreto 2/2026, publicado en el BOCYL el pasado 15 de junio, y concluyen que la reestructuración prevista genera «serias dudas» sobre si la transferencia del paquete de Política Ambiental cumplirá su objetivo. Por ello, piden una aclaración urgente y solicitan formalmente la ampliación del traspaso antes de que se publiquen los decretos que establezcan las estructuras orgánicas de las consejerías implicadas.
Lo que se transfiere y lo que queda fuera
Las OPA no cuestionan todos los aspectos del decreto. Consideran adecuada la transferencia de los servicios de prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental y educación ambiental de la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental.
Sin embargo, las organizaciones critican lo que califican de «mínima transferencia» de competencias de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, de la que solo se trasladarían caza y pesca y flora y fauna. Las OPA denuncian el fraccionamiento del actual Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, al que consideran indivisible, y advierten de que quedan fuera del traspaso otros servicios necesarios para gestionar la sobrepoblación de especies silvestres y para favorecer una gestión adecuada de la ganadería extensiva.
Medios humanos y presupuesto, condición indispensable
Las organizaciones subrayan que cualquier transferencia de competencias debe ir acompañada de los medios humanos, técnicos y presupuestarios actualmente adscritos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, tanto en los servicios centrales como en las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León.






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