La organización agraria JARC ha mostrado su rechazo a la decisión del Ministerio de Agricultura de no derogar el Real Decreto 809/2025, advirtiendo de que las nuevas exigencias estructurales son inasumibles para los ganaderos en el actual contexto provocado por la peste porcina africana (PPA).
Esta posición ha sido trasladada formalmente al Ministerio junto con las principales organizaciones estatales. El frente común avisa de que la normativa obliga a realizar cambios estructurales e inversiones que el sector no puede afrontar dadas las circunstancias actuales, y que además podrían quedar obsoletas ante la futura legislación europea en preparación.
Inversiones millonarias frente a un mercado asfixiado
La organización subraya que las granjas acumulan pérdidas superiores a los 900 M€ derivadas de la crisis sanitaria. A esto se suma una caída de los precios que alcanza el 30 %, lo que se traduce en un perjuicio de entre 25 y 30 € por animal.
Las exportaciones sufren también una fuerte presión con restricciones en más de treinta países y un descenso de las ventas al exterior de hasta un 18 % durante el primer trimestre. Esta situación afecta de manera especial a Cataluña, comunidad que concentra más de la mitad de las exportaciones estatales de carne de cerdo.
Mantener la aplicación de este real decreto, según alerta la entidad, supondrá un incumplimiento forzoso para una parte significativa de los productores, un impacto directo sobre la cadena y una merma de competitividad. Por ello, reclaman un marco normativo adaptado a la realidad y un apoyo efectivo a los profesionales.
Para abordar el escenario, los representantes del sector se reunirán el próximo 15 de junio con la Dirección General de Ganadería del Gobierno catalán para buscar su respaldo institucional. El responsable sectorial del Porcino de JARC, Jordi Siscart, ha calificado de irresponsable exigir grandes desembolsos a los ganaderos mientras continúan asumiendo el coste de la inestabilidad sanitaria y comercial.
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