Diversas organizaciones europeas del sector agrario (COPA-COGECA y ELO) y forestal (CEPF, FECOF, UEF y USSE) han emitido una declaración conjunta solicitando medidas adicionales para garantizar que la simplificación del Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) sea aplicable en la práctica. Aunque el sector valora positivamente la prórroga de un año y los ajustes para microempresas, advierten que el marco actual sigue siendo «inmanejable» debido a la carga administrativa.
Propuestas para reducir la carga burocrática
El colectivo subraya que la revisión de simplificación, prevista para finales de abril de 2026, es una oportunidad clave para ofrecer soluciones factibles. Entre las propuestas constructivas, las organizaciones piden que las micro y pequeñas empresas queden exentas de presentar la declaración simplificada, instando a que sean los Estados miembros quienes aseguren la interoperabilidad de los sistemas nacionales con la base de datos de la UE.
Asimismo, el sector critica la obligación de informar sobre cantidades estimadas cuando esto no mejora significativamente la trazabilidad. Las organizaciones denuncian la incertidumbre sobre la actualización de las declaraciones: un sistema que exija reportar cambios menores en el volumen de biomasa o en la ubicación exacta de la cosecha no es una simplificación, sino un obstáculo operativo para el día a día de agricultores y selvicultores.
Otra de las demandas centrales es la extensión del régimen simplificado a todos los productores primarios, independientemente de su tamaño, en aquellos países clasificados como de «bajo riesgo». Argumentan que el riesgo de deforestación en estas zonas no depende de la dimensión de la explotación, sino de la eficacia de las leyes nacionales de conservación ya vigentes, que ya ofrecen una base sólida para la trazabilidad.
Las entidades firmantes reiteran su compromiso con los objetivos de lucha contra la deforestación, pero insisten en que el reglamento debe reflejar la realidad del campo. En un contexto de costes de producción al alza e incertidumbre de mercado, el sector reclama que la intensidad de los controles se reduzca para los productores primarios y que se eliminen las obligaciones de información redundantes que amenazan la viabilidad económica de las cooperativas europeas.
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