La Política Agrícola Común distribuyó en España 7.755 M€ en 2024, casi un 2% más que el ejercicio anterior, pero entre un número menor de beneficiarios: unos 610.000, un 6% menos que en 2023. La concentración de fondos en los grandes perceptores y las lagunas del sistema de transparencia corporativa son los dos ejes del análisis que Greenpeace acaba de publicar a partir de los datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Un reparto muy desigual
Apenas 6.800 titulares privados, el 1% del total, absorbieron el 24% del presupuesto destinado a perceptores privados, según el informe. En el extremo superior, los 484 perceptores que superaron los 500.000 € concentraron casi el 10% del total repartido, con una mediana de ayuda de 924.401 € por titular.
En el extremo opuesto, el análisis señala que el 60% de los beneficiarios cobró menos de 5.000 € al año. El tramo más numeroso es el de entre 500 € y 1.250 €, con más de 130.000 titulares que en conjunto apenas representan el 1,5% del presupuesto total. Los perceptores de menos de 500 € anuales suman casi 50.000 expedientes, pero su peso presupuestario es testimonial: el 0,2% del total. En conjunto, apunta el estudio, todos los pequeños perceptores por debajo de los 5.000 € anuales no llegan a sumar el 9% del presupuesto.
A qué se destinan las ayudas de los grandes perceptores
Los grandes perceptores privados, aquellos con ayudas superiores a 100.000 €, recibieron en conjunto 1.726 M€. Según el informe, la mayor parte correspondió a medidas de Desarrollo Rural y a otras intervenciones sectoriales en el marco de la Organización Común de Mercados. La Ayuda Básica a la Renta, un pago concebido para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias, aportó 285 M€ a este grupo, el 16,5% del total que recibieron.
De acuerdo con el análisis, los eco-regímenes vinculados a objetivos climáticos y medioambientales sumaron 132 M€ para este grupo de grandes beneficiarios, mientras que el sector vitivinícola captó 112 M€ y las ayudas asociadas o acopladas alcanzaron los 104 M€.
La transparencia, a medias
Una de las novedades del periodo 2023-2027 es la obligación de identificar el grupo empresarial o matriz al que pertenece cada persona jurídica beneficiaria, con el objetivo de fiscalizar mejor el destino de los fondos. En 2024 afloraron 939 grupos empresariales que concentraron ayudas por valor de 139 M€, una mejora notable respecto al año anterior. Sin embargo, Greenpeace advierte de que el cruce de esos datos oficiales con el Registro Mercantil evidencia lagunas importantes: muchos fondos de capital riesgo y vehículos de inversión que operan en el sector agrícola a través de múltiples filiales siguen sin aparecer vinculados a una matriz común en la base de datos pública.
El listado de grupos identificados lo encabezan estructuras tradicionales como la cooperativa Vicasol, con 9,2 M€, o Central Lechera Asturiana, con 8,7 M€. Entre los grupos privados que sí han aflorado figuran fondos de inversión activos en el olivar y el almendro, cuyos vehículos societarios captaron en el bienio 2023-2024 ayudas que en algunos casos superan el millón de euros, principalmente a través de la Ayuda Básica a la Renta y los eco-regímenes climáticos. La organización concluye que el mecanismo de transparencia existe pero su aplicación sigue siendo parcial mientras los grandes operadores financieros del sector permanezcan fuera del radar. El análisis está elaborado a partir de los datos públicos de beneficiarios del FEGA correspondientes al ejercicio 2024.
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