Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha denunciado la situación cada vez más complicada en la que se encuentran las granjas de leche en 2026, no pudiendo asumir ninguna bajada en los contratos de la leche
Unión de Uniones, quien ya denunciara parte de esta situación, ahora alerta de que la cierta estabilidad de la que se gozaba hace un par de meses, ahora ha saltado por los aires y se ha roto el equilibrio. Los últimos conflictos internacionales han abocado a romperlo con subidas de los costes de producción, un hasta un 50%, en el caso del gasóleo, así como electricidad, que ha pasado de estar por debajo de los 40 €/MWh a más de 100 €/MWh, y están arrastrando a otros factores de producción.
Por su parte, los contratos realizados en este primer trimestre, según el propio Ministerio, registran un precio medio con bajadas con respecto a diciembre de 2025 en varias de las principales productoras de leche, o en CCAA como Cantabria, Castila y León o Cataluña, de oveja como Castilla y León o en Murcia en el caso del caprino de leche. Así, ante este escenario, desde Unión de Uniones se insta a la industria a que tenga en consideración las subidas de costes y, por tanto, presente mejoras contractuales proporcionales.
Denuncia ante la AICA
Asimismo, Unión de Uniones anuncia que ha trasladado a la AICA pruebas sobre posibles productos que incurrirían en destrucción de cadena de valor en la cadena alimentaria, práctica prohibida en la Ley 21/2013 y considerada como infracción grave según la misma. Se trata de 5 marcas de leche que se ofertaban en supermercados en distintos puntos del territorio, con precios entre 0,89 – 0,79 €/l.
”Entre unos y otros van a acabar arruinando a todo este sector”, comentan desde la organización. “Es necesario hacer seguimiento de estos hechos porque son prácticas vergonzosas y que van contribuyendo a que muchas explotaciones tengan que echar el cierre porque no les compense”, añade.
La organización anima a los productores de leche a poner en su conocimiento cualquier práctica sospechosa e insta a la Administración a hacer valer la ley de la cadena alimentaria, con más recursos y control.
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