Alrededor de 1.000 agricultores y ganaderos han bloqueado el centro logístico de hidrocarburos de Santovenia de Pisuerga, en Valladolid, alzando una única voz para denunciar el asfixiante encarecimiento de los costes de producción. En una movilización histórica de unidad de acción, el sector primario protesta contra lo que consideran una subida artificial e injustificada del gasóleo agrícola y los fertilizantes, desencadenada bajo la excusa del conflicto en Oriente Medio.
Foto: UPA
El momento no podría ser más crítico, ya que la crisis coincide con la plena campaña de siembras y abonado de cobertera, justo cuando el campo requiere un mayor consumo energético tras meses paralizado por las lluvias. El diagnóstico de las organizaciones agrarias es unánime en cuanto al origen del problema. Desde UPA califican la actuación de los distribuidores petrolíferos de usura y especulación, denunciando que los productores están recibiendo ofertas de suministro con precios hasta un 100% más elevados que hace una semana. Donaciano Dujo, presidente autonómico de ASAJA, secunda esta acusación recordando que el gasóleo que hoy venden a 1,40 euros por litro las distribuidoras lo tenían comprado a precios previos al estallido de la guerra, lo que supone un enriquecimiento injusto a costa del sector productivo.
Pérdidas millonarias día a día
A nivel macroeconómico, las cifras que manejan las organizaciones revelan una auténtica sangría que rema en una misma dirección: la pérdida drástica de rentabilidad. ASAJA ha calculado que esta escalada de precios supone un impacto de más de 41 millones de euros adicionales cada semana, lo que se traduce en que casi 6 millones de euros diarios salen directamente del bolsillo de los productores nacionales. De esta cantidad, 2,7 millones corresponden al sobrecoste diario del gasóleo y 3,1 millones al de los abonos. En esta misma línea de alerta, un informe técnico elaborado por COAG proyecta que si la situación se mantiene, el campo perderá 890 millones de euros en un año.
A pie de tierra, esta crisis liquida los estrechos márgenes de las familias productoras. COAG afina un cálculo integral para una explotación de cereales de 150 hectáreas, señalando que el encarecimiento combinado del gasóleo y de la urea supondrá un golpe de 8.850 euros anuales extra para el agricultor.
La excusa geopolítica de Oriente Medio
Las organizaciones coinciden plenamente en desmontar la excusa de la inestabilidad geopolítica internacional. Para respaldar la denuncia de especulación, COAG aporta datos técnicos concluyentes que demuestran que España importa entre el 75% y el 83% de su crudo sin pasar por el Estrecho de Ormuz, y que nuestra dependencia de Irán para la urea es mínima, ya que nos abastecemos principalmente de países como Marruecos o Argelia.
Además, COAG recuerda que los procesos de importación y refinado necesitan entre 60 y 120 días para que un conflicto en esa zona impacte físicamente en el suministro español, evidenciando la anticipación especulativa de los precios actuales. UPA refuerza este mismo argumento recordando que menos del 5% del petróleo consumido en España proviene de la zona del conflicto, lo que demuestra que el agricultor está pagando una prima de guerra totalmente irreal e injustificada.
Un ultimátum a las administraciones
Ante este escenario inasumible, los 1.000 manifestantes han lanzado un ultimátum a las administraciones, unificando una batería de exigencias complementarias para salvar al sector. COAG reclama que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abra de inmediato una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en los hidrocarburos y fertilizantes.
Por su parte, UPA exige que el Estado intervenga directamente el mercado para asegurar el suministro a precios lógicos, recordando estrategias de contención estatales exitosas del pasado como las aplicadas durante el accidente de Adamuz. Finalmente, ASAJA demanda el establecimiento de ayudas directas y desgravaciones fiscales similares a las implementadas durante la guerra de Ucrania, resumiendo el sentir de todo el campo congregado en Santovenia con una advertencia clara: si el campo no produce, la ciudad no come.
Intervención de los precios de gasoil y fertilizantes como hizo luis planas con los precios del cereal
Supongo que está documentada administrativamente la trazabilidad del producto y la cronología de los envíos de petróleo, pero el que se cargó en el petrolero allá, que llega aquí, se almacena y/o se trata y se distribuye a las estaciones de servicio, debe tardar mínimo 3-4 meses a consumirse… Ganan este margen de tiempo de beneficio extra.
Como dice el anterior comentario, debería intervenirse el precio.
¡Es un robo legal!