El Ministerio de Agricultura ha activado por cuarto año consecutivo la intervención de cosecha en verde en viñedos de uva para vinificación y ha fijado una dotación de 15.951.350€ para el ejercicio financiero 2026, tras publicarse la resolución de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La medida se pone en marcha a petición de seis comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia, Navarra y La Rioja) y, según recoge la propia resolución, se activa como instrumento de gestión de crisis para retirar volumen potencial de vino y recobrar el equilibrio entre oferta y demanda en el mercado vitivinícola.
Qué persigue la intervención y cómo funciona
El objetivo general es aliviar la tensión en zonas productoras con un nivel elevado de existencias de vino, dimensionando la vendimia de 2026 a la capacidad de almacenamiento y comercialización de la próxima campaña, para evitar una potencial sobreoferta de uva en otoño que presione a la baja las rentas de los viticultores.
La resolución también aclara el alcance técnico de la cosecha en verde: consiste en la destrucción o eliminación total de racimos cuando todavía están inmaduros, de forma que el rendimiento de la parcela se reduce a cero. Queda expresamente excluida la ausencia de recolección (dejar uva comercial en la planta al final del ciclo).
Otro punto relevante es el encaje presupuestario. A diferencia de otras intervenciones, la cosecha en verde no cuenta con un presupuesto anual preasignado: se dota cuando se detecta desequilibrio de mercado y el dinero se detrae del resto de intervenciones de la Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) dentro del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC).
Seis CCAA solicitantes y activación no generalizada
En el análisis de mercado realizado por la Subdirección General de Frutas y Hortalizas y Vitivinicultura, se concluye que no concurren circunstancias para conceder la ayuda en la totalidad del territorio nacional, por lo que la activación responde a las solicitudes justificadas recibidas y se limita al ámbito de las comunidades que la pongan en marcha.
La asignación fijada se ha calculado en base a los importes que esas comunidades comunicaron como techo presupuestario entre el 26 de enero y el 3 de febrero de 2026, detrayéndolos de los límites que ya tenían previstos para otras intervenciones de la ISV, y sumando, en su caso, fondos comprometidos del ejercicio 2025 para cosecha en verde.
Calendario y pasos que deben cumplir las autonomías
Con la publicación de la resolución, las comunidades autónomas solicitantes deben activar sus convocatorias y fijar plazos de solicitud que, en todo caso, deben finalizar antes del 30 de abril de 2026. Además, antes del 1 de marzo de 2026 deben comunicar a la subdirección general la forma de pago elegida, los límites máximos o baremos estándar de costes unitarios y los criterios de prioridad con sus puntuaciones.
La ejecución de la cosecha en verde deberá realizarse, como máximo, antes del 15 de julio de 2026.
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