La tramitación de la Ley de Agricultura Familiar vuelve a la agenda política con una petición expresa para que se aceleren los plazos en lo que queda de legislatura. El planteamiento pasa por aprobar una norma que defina jurídicamente el modelo de agricultura y ganadería familiar y lo priorice en fiscalidad, financiación y políticas agrarias.
La demanda se trasladó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en una jornada con presencia de agricultores y ganaderos, expertos y diputados, donde se insistió en que este tipo de explotaciones sostienen buena parte de la actividad económica y social del medio rural y deberían situarse en el centro de las políticas públicas.
UPA encuadra esta reclamación en el debate sobre el futuro del sector ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, en un escenario marcado por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la inestabilidad geopolítica. La organización advierte de la vulnerabilidad del sector primario y defiende que el modelo familiar resulta clave para garantizar alimentos, gestionar el territorio con criterios de sostenibilidad y mantener la cohesión social y económica en las zonas rurales.
En ese marco, la organización contrapone la agricultura familiar a modelos asociados a la concentración de tierras y a la entrada de grandes fondos de inversión. UPA sostiene que la transición ecológica solo puede ser justa si se asegura la viabilidad económica de las explotaciones y que no es posible exigir objetivos ambientales sin rentabilidad ni relevo generacional en el territorio.
PAC post-2027, seguros y pagos por servicios ambientales
De cara a la próxima Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027, UPA plantea una PAC más simple y con pagos que reconozcan los servicios ambientales y sociales de las explotaciones familiares y de la ganadería extensiva. En paralelo, reclama apoyos para medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático, incluyendo pagos por captura de carbono, refuerzo de los seguros agrarios y un fondo europeo específico para crisis climáticas.
La organización también sitúa la Ley de Agricultura y Ganadería Familiar como una pieza estructural para orientar la transición verde sin expulsar actividad del territorio, y sostiene que la agricultura familiar debe ser parte de la solución en objetivos como la lucha contra el despoblamiento, la protección ambiental y la cohesión del medio rural.
En la jornada se presentaron además los resultados del proyecto “La Agricultura Familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo”, desarrollado en los últimos meses con financiación de la European Climate Foundation y la colaboración de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE) y WWF.
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