La posibilidad de poner en marcha el tratado UE-Mercosur sin esperar a la ratificación completa sigue abierta en las instituciones comunitarias, pese a que el Parlamento Europeo ha pedido al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre su encaje jurídico. En este contexto, la Comisión Europea ha reiterado que está preparada para activar la aplicación provisional UE-Mercosur cuando los países sudamericanos completen sus trámites internos.
foto: rrss Lula
El encaje de la aplicación provisional
La clave técnica está en que el paquete UE-Mercosur incluye un acuerdo comercial interino (iTA), concebido para que la parte comercial pueda adelantarse a la entrada en vigor del acuerdo global. Tras el voto del Parlamento Europeo del 21 de enero para pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE, en Bruselas se sostiene que ese trámite introduce incertidumbre sobre la ratificación completa, pero no bloquea automáticamente un posible arranque provisional, que quedaría ligado a una decisión política en la UE y a que Mercosur avance en sus procedimientos internos.
En paralelo, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha defendido que los pasos ya dados en el Consejo permiten utilizar ese margen para evitar que el proceso quede paralizado y mantener abierta la vía de una aplicación provisional.
En este tablero, la novedad llega desde Brasil. El pasado lunes 2 de febrero, el Gobierno brasileño remitió al Congreso Nacional el acuerdo para iniciar su ratificación, coincidiendo con el arranque del curso legislativo de 2026, y trasladó a los parlamentarios la intención de acelerar la tramitación. En ese mensaje se subrayó que el tratado abriría un “nuevo ciclo de oportunidades” para empresas brasileñas, ligado a competitividad, exportaciones, inversiones y un enfoque de sostenibilidad.
Este movimiento refuerza el argumento político de “estar listos” por parte de Mercosur y puede alimentar la narrativa de que la UE debería activar la aplicación provisional UE-Mercosur en cuanto uno de los socios complete formalmente su ratificación, mientras en Europa sigue pendiente el dictamen del tribunal y la decisión sobre cómo encajar el calendario institucional.
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