Un tractor ha salido de Dublín rumbo a Bruselas con un objetivo claro: llegar a la manifestación agraria europea del 18 de diciembre por el futuro de la Política Agraria Común (PAC). Al volante va Francie Gorman, presidente de la Irish Farmers’ Association (IFA), acompañado por su hijo Tom, de 11 años, en un recorrido que la propia organización presenta como una manera de “visibilizar” la inquietud de las familias agrarias ante el debate presupuestario y comercial que se abre en la UE.
Foto: Irish Farmers’ Association
Paradas en mercados y ruta hacia el ferry
La IFA ha detallado un itinerario con varias paradas en puntos del recorrido para encontrarse con agricultores antes de alcanzar el puerto de Rosslare. Entre esas paradas figuran Naas, Crookstown, Tullow Mart, Bunclody y Enniscorthy Mart, en una especie de “etapas” que buscan convertir el trayecto en una sucesión de encuentros con el sector.
Desde Rosslare, el plan pasa por cruzar en ferry hacia Dunkerque (Francia), llegar allí el martes por la noche y continuar el miércoles por carretera hasta Bruselas. En el tramo francés, la IFA prevé un encuentro con agricultores de la organización francesa FNSEA para avanzar juntos hacia la capital comunitaria.
“Un futuro viable” para la siguiente generación
El mensaje que han ido difundiendo desde Irlanda combina símbolo y reivindicación. Gorman ha vinculado el viaje con la necesidad de garantizar que las explotaciones sean viables para la próxima generación, poniendo como ejemplo a su propio hijo. En esa línea, la IFA insiste en que la movilización quiere trasladar a las instituciones una señal de unidad y respaldo sectorial en un momento que considera decisivo.
El desplazamiento se realiza con un pequeño equipo de apoyo y con miembros de la estructura de la IFA que también viajarán a Bruselas para sumarse a la protesta del jueves.
PAC, Mercosur y “exceso de regulación”: lo que subrayan desde Irlanda
La propia IFA enmarca el viaje en tres cuestiones: el presupuesto de la PAC posterior a 2027, el acuerdo UE-Mercosur y la carga regulatoria vinculada al “coste de hacer negocios” en el campo.
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