El Tribunal de La Haya ha dictaminado que la ministra de Agricultura de Países Bajos, Femke Wiersma, debe publicar los datos de emisiones de todas las explotaciones ganaderas de la provincia holandesa de Gelderland correspondientes a 2023. La información deberá entregarse a la emisora regional Omroep Gelderland en un plazo máximo de catorce días. De no hacerlo, Wiersma se enfrentará a una multa de 50.000 € diarios, con un límite de 1 M€.

La solicitud y el retraso en la publicación

Omroep Gelderland solicitó en enero de 2024, en virtud de la Ley de Gobierno Abierto (Woo), información sobre el número de animales y la ubicación de las explotaciones ganaderas de la provincia. El objetivo era analizar las tendencias de las emisiones de nitrógeno y evaluar la eficacia de la política medioambiental del Gobierno neerlandés.

Aunque la decisión de publicar los datos se tomó en julio de 2024, Wiersma la revocó en agosto de 2025, alegando que el procedimiento de objeción no se había realizado de manera correcta. Según la ministra, la mera publicación en el Boletín Oficial era insuficiente y consideraba necesario enviar cartas personales a cada agricultor para darles la oportunidad de presentar alegaciones. La medida respondía también a las demandas de la Asociación de Agricultores Neerlandeses (LTO), que había expresado preocupación por el uso indebido de los datos por parte de activistas ambientales y animalistas, que podrían tratar de intimidar a los ganaderos.

El argumento del interés público

El tribunal rechazó las objeciones de Wiersma y concluyó que la publicación no puede denegarse por ningún motivo. Consideró que la ministra tuvo tiempo suficiente para informar a los agricultores y que la decisión de publicación adoptada en julio de 2024 era irrevocable. Además, subrayó que existe un claro interés público en conocer los efectos de la política de nitrógeno, especialmente ante las elecciones parlamentarias de octubre.

El tribunal señaló también que el retraso acumulado justifica la imposición de una sanción económica excepcionalmente alta, ante la posibilidad de que la ministra no cumpla voluntariamente la sentencia.