CCOO ha anunciado que llevará a Nestlé España ante la Audiencia Nacional tras no alcanzar un acuerdo en la mediación celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). El sindicato acusa a la multinacional de sobrepasar sus facultades de control e implantar, a partir del 15 de septiembre, nuevas directrices sobre el uso de los recursos tecnológicos que atentan contra los derechos fundamentales de la plantilla.
Según CCOO, Nestlé pretende eliminar la expectativa de intimidad que ampara la Constitución y la Ley de Protección de Datos, al declarar que el uso de los dispositivos y recursos tecnológicos de la empresa no genera derecho alguno de privacidad o confidencialidad. El sindicato sostiene que esta política contraviene el artículo 18.1 de la Constitución y el artículo 87.1 de la Ley Orgánica 3/2018, además de ignorar la doctrina jurisprudencial consolidada en materia de protección de datos y comunicaciones.
La compañía contempla la posibilidad de realizar controles aleatorios sobre el contenido de los dispositivos asignados a la plantilla y sobre los correos salientes. Incluso plantea acceder a cuentas personales de los trabajadores si se encuentran vinculadas a los sistemas corporativos, algo que CCOO considera una intromisión en la esfera más íntima de las personas empleadas y una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones.
Unas modificaciones “cosméticas”
CCOO, junto a UGT y CSIF, ya mostró en julio su oposición a la Política de Seguridad del Usuario Final de Nestlé, señalando que las modificaciones introducidas eran “cosméticas” y no corregían las cláusulas lesivas para la legislación vigente. El sindicato asegura que las directrices ignoran las obligaciones derivadas del nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, aprobado recientemente, al mantener un enfoque de control excesivo e introducir riesgos adicionales para los derechos laborales y de privacidad.
Para CCOO, la postura de la empresa supone “un nuevo ataque a los derechos fundamentales del personal”, y la decisión de no negociar con las organizaciones sindicales deja en manos de los tribunales la resolución de este conflicto.
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