La campaña de fruta de verano ya ha comenzado en la Comunitat Valenciana y, pese a la buena calidad del producto, los productores alertan de que los precios percibidos en campo no compensan el esfuerzo. Según los datos recopilados por La Unió Llauradora, el precio medio que recibe el agricultor por melocotón, nectarina, pavía, paraguayo o ciruelo se multiplica por cuatro en el trayecto hasta los lineales de distribución.

El pasado año, el precio medio en campo fue de 0,70 €/kg frente a los 3,50 €/kg que pagaba el consumidor. En la campaña actual, algunas nectarinas ya alcanzan los 1 €/kg para el productor, mientras que en supermercados pueden encontrarse a 5,40 €/kg. Para La Unió, estas diferencias reflejan una cadena alimentaria desequilibrada donde los márgenes se acumulan fuera del origen.

En la Comunitat Valenciana hay actualmente 9.188 ha de fruta de verano cultivadas, incluyendo cereza, y se espera una producción superior a las 13.000 toneladas. Aun así, los efectos del pedrisco podrían reducir este volumen en las parcelas más afectadas. La calidad de la fruta es destacable, con calibres óptimos y sin apenas destrío en las zonas no afectadas.

Reclamaciones para garantizar la viabilidad del sector

La Unió considera imprescindible emprender campañas de promoción institucional para revertir la caída del consumo. En la última década, la ingesta media de fruta por persona ha descendido un 24,8 %, pasando de 102,5 kg a 78,6 kg. Los cítricos y las frutas de pepita son los segmentos más perjudicados, mientras que las frutas exóticas han incrementado su presencia en el mercado nacional.

La organización agraria también advierte sobre las dificultades para encontrar mano de obra cualificada en las tareas de aclarado y recolección, así como el impacto que tienen las importaciones procedentes de países extracomunitarios en los precios y la demanda.

Además, reclama un mayor impulso a la investigación para obtener variedades mejor adaptadas al cambio climático, así como un refuerzo del seguro agrario, ante el aumento de la siniestralidad en los últimos años. La Unió pide que las ayudas al seguro para los agricultores profesionales lleguen hasta el 70 %, el máximo permitido por la normativa europea.

Por último, manifiesta su preocupación ante las restricciones normativas impuestas por la Unión Europea en el uso de productos fitosanitarios. La eliminación de materias activas y la limitación de herramientas de control fitosanitario están dejando a los productores europeos en clara desventaja frente a terceros países que no están sujetos a las mismas exigencias.