La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) ha manifestado su rechazo frontal al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la Dirección de Azucarera pretende poner en marcha y cuyo alcance se conocerá en la constitución de la comisión negociadora prevista para este martes. Así lo han acordado en una reunión de coordinación celebrada en Madrid entre el secretario del sector Agroalimentario de UGT FICA, Sebastián Serena, y el secretario general de la Sección Sindical Estatal en Azucarera, Benigno Pérez.
Durante el encuentro, ambos dirigentes sindicales han reiterado que no van a aceptar el cierre de ningún centro de trabajo de la compañía, argumentando que todos los centros son rentables y tienen viabilidad. Además, han subrayado la importancia de estas instalaciones para el sostenimiento económico y social del medio rural en comunidades como Castilla y León y Andalucía, donde el cultivo de remolacha y la producción de azúcar generan numerosos empleos directos e indirectos.
UGT FICA ha criticado la decisión de plantear despidos en una empresa que genera beneficios y ha responsabilizado a la Dirección de Azucarera de llevar a cabo una gestión “errática y vacilante”. Desde el sindicato se exige la implicación de las administraciones autonómicas de Castilla y León y Andalucía, así como del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Trabajo, para evitar que el sector azucarero corra la misma suerte que el del tabaco, que ha sufrido un notable retroceso pese a las promesas institucionales.
UGT FICA ha anunciado que está dispuesta a utilizar todas las medidas de presión necesarias para defender el empleo y los centros de trabajo, sin descartar movilizaciones ante las instalaciones de Azucarera, administraciones públicas y establecimientos de Primark, empresa que también es propiedad de Associated British Foods, dueña de Azucarera.
Por su parte, Benigno Pérez ha pedido a los partidos políticos mayor implicación en la defensa del sector azucarero a nivel europeo y ha reclamado controles más estrictos a las importaciones de azúcar. Ha insistido en la necesidad de exigir el cumplimiento de los estándares fitosanitarios y laborales a países como los del Mercosur y Ucrania, con el fin de evitar la competencia desleal mediante la activación de las llamadas cláusulas espejo.
Tanto Serena como Pérez coinciden en que todos los centros de Azucarera son viables y que el ERE supondría un golpe definitivo para un subsector que requiere mayor protección institucional y que resulta estratégico para el desarrollo del medio rural.
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