La Comisión Europea ha concluido que la reforma del impuesto sobre los refrescos propuesta por Finlandia no constituye una ayuda estatal según la normativa de la Unión Europea. La medida, que mantiene vigente un gravamen implantado en el país desde 1940, introducirá un tipo impositivo progresivo en función del contenido de azúcar de cada bebida.
Finlandia notificó en noviembre de 2024 su intención de modificar este impuesto con el objetivo de obtener garantías jurídicas sobre su compatibilidad con las normas europeas. La medida busca no solo aumentar la recaudación pública, sino también reorientar tanto la producción como el consumo hacia opciones sin azúcar o con bajo contenido de este componente.
Tras analizar la propuesta, la Comisión Europea ha determinado que el nuevo diseño del impuesto se basa en criterios no discriminatorios y es coherente con los objetivos de salud pública y sostenibilidad que persigue. En consecuencia, considera que no otorga ventajas indebidas a ningún operador económico y, por tanto, no supone una ayuda estatal.
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